¿Más cárcel significa menos crimen? No, de hecho no

El Senado de la República acaba de aprobar, con 91 votos a favor y 18 en contra, una reforma constitucional que establecería prisión preventiva oficiosa a más delitos: desde huachicoleo y robo a transporte público, hasta desaparición forzada y delitos vinculados a la corrupción. La medida fue rechazada por senadoras como Nestora Salgado, Josefina Vázquez Mota (sí, ella), organismos internacionales y defensores de Derechos Humanos; pues, dicen, no resuelven nada sino, al contrario, aumentan la crisis carcelaria y de derechos humanos del país.

Infografía de la reforma constitucional
Infografía de la reforma constitucional (Imagen: Senado de la República)

Sí, hay una crisis de corrupción y violencia

No hay forma de negar que en México existe una crisis de violencia y corrupción que involucra, en muchas ocasiones, a las autoridades que supuestamente deberían frenarla. Por ello, debería de ser necesario y urgente pensar en formas de justicia y retribución que ayuden a enfrentarla.

Sin embargo, lo que ocurrió el día de hoy en el Senado, de acuerdo a múltiples críticos, no fue una solución, sino una simulación: la prisión automática (aunque sea como medida preventiva) se suma a una política global de “mano dura” que, tal como lo han demostrado múltiples estudios, no reduce el crimen, no impacta la corrupción y sí golpea y criminaliza a comunidades de por sí vulnerables. (Vía: Jordan, Policing The Planet)

Pero no, aumentar penas y encarcelados no reduce la violencia (ni la corrupción)

Una reforma constitucional que incrementa automáticamente el número de detenidos pero no reduce de la misma forma el de las víctimas requeriría sustentación de datos y argumental sólida. Sin embargo, escriben Monserrat López y Carlos De la Rosa en Nexos, eso no ocurrió en este debate.

Contrario a lo que dice el sentido común, más personas en la cárcel no significan que haya menos víctimas: según la investigación de López y De la Rosa, en 12 estados del país en 2017 aumentaron los encarcelados y las víctimas. (Vía: Nexos)

Correlación entre número de encarcelados y número de víctimas.
Correlación entre número de encarcelados y número de víctimas. (Imagen: México Evalúa)

Estudios como éste se han realizado en todo el mundo y los resultados son prácticamente los mismos. En 1994, los Estados Unidos aprobaron cambios en su código penal que aplicaban condenas automáticas a delitos vinculados con el tráfico y consumo de drogas.

Los resultados fueron el estallido de la encarcelación masiva y del precio y violencia del tráfico, pero no logró mellar ni un poco el consumo o los crímenes violentos relacionados a éste. (Vía: PBS)

Entonces, ¿por qué no encarcelar a todos?

El sentido común, la lógica cotidiana y la forma como entendemos la aplicación de la ley nos dice que aumentar las penas condenatorias y aumentar los delitos que requieren prisión automática sería la mejor forma de combatir la violencia y la corrupción, ¿no?

Si vimos cómo Javier Duarte huyó luego de presentarse a la PGR; si hemos visto a múltiples feminicidas, asesinos y corruptos ser liberados a pesar de que todas las evidencias apuntan hacia ellos, ¿la prisión preventiva no sería la única solución posible?

Pues… no. De acuerdo a múltiples juristas, abogados y especialistas, lo que urge es arreglar los procesos de conformación de casos e investigaciones en los Ministerios Públicos, educar y certificar a la policía, transparentar los procesos judiciales, corregir los problemas que ya existen en el sistema de justicia antes de sumarle más.

Cuando el PVEM prometió “cadena perpetua” y “pena de muerte” a violadores y secuestradores, nadie pestañeó para señalar la evidente trampa electoral que era esa propuesta: ¿por qué ahora nos cuesta tanto, pero tanto, pero tanto trabajo?

Por: Redacción PA.