A finales del 2009, la “Guerra contra el Narco” de Felipe Calderón comenzaba a salírsele de las manos. Los índices de violencia en las ciudades y estados cercanos a sus primeros objetivos se dispararon y fue necesario ampliar la presencia del ejército. Mientras eso ocurría, la narrativa del gobierno federal era consistente: todos los ‘caídos’ eran parte del ‘crimen organizado’, porque ‘algo andaban haciendo’. Luego, llegó la noche del 19 de marzo del 2010.
Dos sicarios “armados hasta los dientes” murieron luego de un enfrentamiento con elementos del Ejército mexicano a las afueras del Tec de Monterrey. Por casi una semana, a finales de marzo del 2010, ésta fue la versión oficial de lo que, hoy, los padres de las víctimas e investigaciones periodísticas nombran una ejecución extrajudicial que involucró no sólo al Ejército, sino también a las autoridades locales, estatales y federales.
El documental Hasta los dientes, de Alberto Arnaut, tiene como eje temático y narrativo los testimonios de los familiares de Javier Francisco Arredondo Verdugo y de Jorge Antonio Mercado Alonso, los dos estudiantes acribillados la madrugada del 19 de marzo a las afueras de su casa de estudios.
Los padres, tíos, amigos y conocidos de Javier Francisco y Jorge Antonio narran sus infancias, cómo llegaron a su maestría en el Tec, la vida cotidiana y esas anécdotas que siempre aparecen cuando se habla de quien nos fue arrancado violentamente.
Arnaut también buscó las declaraciones de autoridades, tanto de la universidad como del gobierno de Nuevo León (actuales y de hace 8 años). Los posicionamientos oficiales de quienes todavía tienen que representar una institución que no defendió a sus estudiantes y la voz franca (¿o cínica?) de quien acepta la ejecución extrajudicial, la manipulación de los cuerpos, la siembra de ‘evidencia’.
Hasta los dientes parte de un hecho: sólo lo que se nombra existe. Los nombres y las verdaderas vidas de los dos jóvenes que, para tapar un error o por un protocolo no escrito, fueron tachados como “sicarios”, eso es lo primero que hay que recuperar. Eso es lo que importa y, a partir de ahí, señalar la responsabilidad, aunque sea moral, de las instituciones que debían protegerlos y fallaron.
2010 fue el año en el que la narrativa oficial del gobierno de Felipe Calderón tuvo un quiebre. Y lo tuvo porque no habían pasado ni dos meses de la masacre en Villas de Salvárcar, donde 16 jóvenes fueron asesinados, presuntamente, por un cártel y el presidente los señaló como sicarios y delincuentes.
Sobrevivimos en quienes nos recuerdan, en quienes nos abrazan hoy. Jorge Antonio y Javier Francisco siguen vivos, ocho años después, en las voces de sus padres, sus tíos, sus amigos, que los recuerdan y que exigen, todavía hoy, justicia, que quien haya sido que haya ordenado su muerte, su ocultamiento, responda por lo que hizo, por lo que hicieron.
