“Narcogobierno”: la palabra que el INE quiere borrar

El 29 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió por unanimidad ordenar a Alejandro “Alito” Moreno retirar nueve publicaciones —cinco de sus cuentas personales, cuatro de las oficiales del PRI— por llamar a Morena “narcogobierno”, “narcopartido”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “cártel de Morena” y “narcopropagandista”. Al día siguiente, en la mañanera, Claudia Sheinbaum celebró la medida y afirmó que “me parece bien que el instituto esté cumpliendo con su función”. “Alito” anunció que impugnará. Nadie, en este pantano que es la política mexicana, sale limpio, y esa es precisamente la razón para escribir sobre esto con cuidado.

Empecemos por lo que el INE realmente resolvió. La Comisión no censuró una opinión política en abstracto: determinó que esas expresiones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos, al vincular al partido denunciante con actividades de narcotráfico sin un sustento fáctico que lo respalde. Esta doctrina no nació con Morena en el poder: en 2024, el mismo órgano ordenó eliminar del debate presidencial las menciones de Xóchitl Gálvez a Sheinbaum como “narcocandidata” por carecer de “elementos mínimos de veracidad”. El estándar, en el papel, es simétrico. El problema no es que exista la regla; es quién la aplica hoy y sobre quién.

“El principal problema económico de los mexicanos es la extorsión y el cobro de piso. Los delincuentes ya tienen partido. Morena se ha convertido en un narcopartido” – Xóchitl Gálvez 2024

Porque el INE de 2026 no es el INE de 2024. Desde abril, la Cámara de Diputados —con mayoría calificada de Morena, PT y Verde, 334 votos contra 127— eligió a los tres consejeros que renovaron el Consejo General, consolidando entre entre ocho y nueve de los 11 integrantes con trayectoria de votos afines al oficialismo. El INE dejó hace mucho de ser de los ciudadanos para ser de los políticos y del oligopolio partidista. Analistas lo han descrito sin rodeos como la culminación de la “captura” del árbitro electoral, un proceso que arrancó en 2023 cuando Morena, ya con mayoría legislativa, impuso a Guadalupe Taddei en la presidencia. Sheinbaum, además, mantiene sobre la mesa una reforma electoral que contempla elegir consejeros por voto popular desde listas armadas por el Ejecutivo y el Congreso que ella misma controla; cuando se le preguntó directamente si esa vía formaría parte de su propuesta, respondió “pudiera ser”. Nicos Poulantzas explicaba que el Estado no es un bloque monolítico ni un instrumento neutro, sino un campo donde se condensan relaciones de fuerza entre clases y fracciones de poder: el INE no dejó de ser “autónomo” por decreto, dejó de serlo porque quien nombra a sus árbitros ganó la disputa por nombrarlos. Que la regla sea la misma no significa que el resultado lo sea cuando el árbitro ya juega para un equipo.

¿A quién sirve esto? A Morena, que se quita de encima, a diecinueve meses de las elecciones intermedias de 2027, el eslogan opositor más viral y más difícil de desmontar con explicaciones técnicas. Morena, que a diecinueve meses de las intermedias pide que no se le llame «narcogobierno»; y, paradójicamente, también Alito Moreno, que convierte una medida cautelar administrativa en material de campaña victimista, sin que nadie le recuerde que el PRI construyó su hegemonía histórica precisamente reprimiendo prensa crítica. Ninguno de los dos defiende un principio; ambos administran una coyuntura.

Aquí está la contradicción que el partido en el poder mexicano no puede seguir esquivando: mientras el aparato estatal —vía un INE que ya no es un tercero imparcial— invierte capital institucional en borrar adjetivos de redes sociales, Artículo 19 documentó siete periodistas asesinados en México durante 2025, una desaparición, y 451 agresiones a la prensa, es decir, una cada diecinueve horas, con el abuso del poder público como causa del 34% de los casos. Desde 2000, 176 periodistas han sido asesinados en México en posible relación con su labor. Esa es la censura que de verdad importa, y ningún consejero electoral se ha reunido de urgencia por unanimidad para resolverla. La misma semana que el INE actuaba contra Alito, el jefe de la DEA, Terry Cole, declaró en Orlando que cárteles y gobierno mexicano “son lo mismo”: una acusación mucho más grave, sin pruebas presentadas públicamente, formulada por un funcionario extranjero, y frente a la cual el gobierno solo respondió con un comunicado. La consistencia no es el fuerte de nadie en esta historia.

Lo que la izquierda debería exigir no es que Alito Moreno pueda decir lo que quiera sin consecuencia legal alguna —la calumnia electoral existe como figura desde antes de este sexenio y se aplicó igual contra Gálvez—; debería exigir que la institución que decide qué es calumnia y qué es crítica política no esté compuesta, en su mayoría, por personas designadas por el partido que resulta beneficiado en cada resolución. Debería exigir que Sheinbaum retire su propuesta de reforma electoral mientras no garantice blindajes reales de independencia. Y debería exigir, con la misma urgencia mediática que mereció el caso Alito, que el Estado invierta en proteger a los periodistas que Artículo 19 cuenta cada año, no solo en pulir su discurso de “no censuramos” en la mañanera.

En 2011, a Carmen Aristegui la sacaron de MVS por preguntar al aire si Felipe Calderón tenía un problema de alcoholismo, después de que Fernández Noroña colgara una manta con esa misma pregunta en la Cámara de Diputados. Nadie invocó entonces “calumnia electoral”: fue presión directa desde la Presidencia sobre una concesión de radio. El mecanismo cambia —hoy es un acuerdo unánime de un órgano “autónomo”—, pero la pregunta de fondo es la misma que hace quince años: ¿quién decide qué se puede decir del poder, y quién se beneficia de esa decisión? Si tu respuesta depende de si el que calla es de tu partido o del contrario, no estás defendiendo la libertad de expresión. Estás jugando el juego que el poder, cualquier poder, siempre prefiere que juegues.