El “nuevo” corredor Izazaga-Tlalpan ha resultado ineficiente, caro y con los mismos problemas que aquejaban a las más de 30 rutas que remplazó (como la inseguridad y las violaciones al Reglamento de Tránsito de los operadores)… A todo esto hay que sumarle que las unidades recargan gas LP en una gasera ilegal que tiene una orden de clausura y demolición pendiente.

Hace una semana, sin ningún aviso para los más de 200 mil usuarios, el Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera dio el “banderazo” de salida al Corredor Izazaga-Tlalpan. Como en otros sistemas de transporte público semejantes que se han implementado por la ciudad, para activarlo se necesitó cambiar los microbuses por autobuses ecológicos, eliminar o conglomerar las más de 30 rutas que corrían sobre calzada de Tlalpan y dar capacitación a operadores y concesionarios; todo, supuestamente, sin que los usuarios sufrieran por el cambio. (Vía: Excélsior)

Sin embargo, eso no fue así. A lo largo de la semana, cientos de ciudadanos se quejaron de muchas cosas: primero, el incremento en la tarifa (de $5 para recorridos cortos y $6.50 para más de 12 kilómetros a una cuota fija de $7); segundo, que el corredor iniciara operaciones sin las suficientes unidades: tan sólo 150 para remplazar a los 882 microbuses, y, tercero, que ni el incremento en la cuota ni las esperas de entre media y una hora, garantizaran un servicio eficiente: seguían subiéndose a robar, los conductores seguían sin respetar el Reglamento de Tránsito y la gente, simplemente, no podía quejarse con nadie. (Vía: La Jornada)

La cereza en el pastel de este corredor está en su base de recarga: las 228 unidades operan con gas LP, que recargan en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Francisco Goitia, en la delegación Xochimilco. La gasera que les surte fue construida ilegalmente, sin los permisos delegacionales ni capitalinos, dentro del terreno del Cetram, tal como lo reportó Gustavo Cabrera, Director Jurídico y de Gobierno de la delegación. (vía: Reforma)

Esta estación, dice Cabrera, tiene una orden de clausura pendiente: es decir, fue otorgada por la autoridad correspondiente, pero la encargada de aplicarla no lo ha hecho. Esa autoridad es, nada más y nada menos, que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea). En entrevista con Reforma, Cabrera reportó que:

“Desde julio y agosto empezamos a ver que en el lugar del Cetram empezaba movimiento de obra. Cuál fue nuestra sorpresa al ver, antes del temblor, que estaban rotulando una razón social de un comercio de gas. Hicimos una segunda verificación, se emitió una resolución para clausura, se le entregó al Invea y hasta la fecha no nos ha informado por qué no ha ejercido la visita y la clausura“. (Vía: Reforma)

Por su parte, los concesionarios del corredor han señalado ‘malas prácticas’ de las autoridades delegacionales, aunque aceptaron no saber si la gasera era o no ilegal

Que alguien le diga a Mancera que tiene todavía mucha chamba antes de lanzarse a perder las elecciones del 2018, ¿no?