Para entender la querella legal que sostiene el magnate mexicano Carlos Slim con el congreso y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hay que regresar a la década de los 90 del siglo pasado, específicamente a la ola de privatizaciones en donde Telmex pasó de ser un monopolio controlado por el estado a uno controlado por un particular.
Lo que sucedió fue que la industria de telefonía se abrió a la competencia solo en apariencia, ya que en los hechos se creo un agente preponderante de ese sector, luego, con el auge de la telefonía móvil, la empresa de Slim se fortaleció mucho más ya que prácticamente era la única en el país.
Fue hasta hace pocos años, con la aprobación de la reforma de telecomunicaciones, que el gobierno intentó reducir el acaparamiento del mercado de América Móvil. Recordemos que la ley estableció regulaciones en las tarifas de interconexión basadas en la preponderancia de una empresa en el mercado. Las tarifas de interconexión son cobros que hace una telefónica a otra por llamadas terminadas en su red.
En ese sentido, el nuevo marco regulatorio estableció que una empresa podía ser considerada como agente económico preponderante si acaparaba más del 50% del mercado. De tal manera, el IFT determinó que América Móvil era un agente económico preponderante del mercado de telefonía, por tanto no podía cobrar tarifas de interconexión a sus competidores, mientras que sus competidores sí podían hacerlo.
Estas medidas tenían la intención de reducir la presencia en el mercado de varias empresas con el fin de fortalecer a la competencia y de beneficiar a los consumidores buscando bajar los precios de esos servicios. Recordemos que los monopolios, al controlar el mercado de un bien o servicio dado, pueden establecer el precio de este a su voluntad, ya que el mercado se encuentra distorsionado.
Por estas acciones, Carlos Slim entró en un conflicto con el IFT y el poder legislativo, el cual fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya que América Móvil solicitó un amparo contra la tarifa cero. Las empresas de Slim alegan que el congreso no tiene la facultad constitucional para implementar tarifas en el mercado, ya que es el IFT el ente regulador encargado de hacerlo.
El caso fue atraído por el ministro Javier Laynes, quien estableció la premisa de inconstitucionalidad de la medida de la tarifa cero contra América Móvil establecida a partir de la reforma en telecomunicaciones aprobada en 2014. El día de ayer, el máximo tribunal falló a favor y determinó que el IFT es la entidad encargada de establecer las tarifas.
¿Qué consecuencias podría traer el fallo a favor de la SCJN? Según especialistas, eliminar la tarifa cero para América Móvil, siendo un agente económico preponderante, podría desincentivar el mercado y las inversiones en ese sector, además de que traerían de nuevo un alza de precios en los servicios de telecomunicaciones, sobre todo en los de telefonía móvil.
Dicho de otra manera, eliminar la tarifa cero fortalecería de nuevo el monopolio heredado a Slim desde hace aproximadamente dos décadas. Así que se espera que el IFT mantenga la tarifa cero. (Vía: El Financiero)