La Ley de Derecho de Réplica acaba de ser rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este 10 de noviembre. Sin embargo, esto no significa que los ataques a la libertad de expresión y a los periodistas se detendrán.
El proyecto de esta polémica ley fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán y buscaba ampliar el derecho de réplica de aquellos que se sintieran agraviados por publicaciones en los medios de comunicación, incluso cuando la información sea cierta, y cuando consideraran que su reputación u honor hubiesen sido vejados. Diversos organismos han denunciado que esta ley hubiese abierto paso a que medios y comunicadores fueran amedrentados por la vía legal, lo cual en México ya ocurre, como veremos más adelante.
El derecho de réplica (o de respuesta) puede ser ejercido por toda persona que se considere afectada por informaciones difundidas que considere agraviantes, como está establecido en el artículo 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 2007, una reforma Constitucional, que entró en vigor hasta 2015, determinó que en México el derecho de réplica es
“el derecho que tiene toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto a datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aluden, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico en su honor, vida privada y/o imagen.”
Sin embargo, el nuevo proyecto de ley presentado por Pérez Dayán contradecía en un punto esencial el balance que debe existir entre la libertad de expresión y el derecho de réplica: que aquellos agraviados puedan protegerse de información fraudulenta, pero que los medios de comunicación puedan dar a conocer asuntos de interés público.
Por si fuera poco, el proyecto permitía que los solicitantes pudieran ir directamente a los tribunales sin la necesidad de solicitar previamente al medio de comunicación la publicación de su réplica, lo que significa que los medios de comunicación o periodistas tendrían al menos que enfrentarse a un proceso legal desgastante, aunque al final no fuesen encontrados culpables.
Según ARTICLE 19, organización independiente que promueve los derechos de libertad de expresión, esta propuesta de ley es una restricción indirecta a la libertad editorial de los medios de comunicación:
“El proyecto abre una posibilidad peligrosa para que este derecho pueda ser ejercido bajo criterios sumamente subjetivos como la “ofensa, humillación o la vejación” y no sobre elementos objetivos –verificables, determinables y demostrables– de daño a la reputación o el honor de las personas.” (Vía: ARTICLE 19)
Por lo que el derecho de réplica podría haber sido mal utilizado como
“un mecanismo de censura por parte de funcionarios, candidatos a elección popular y miembros de partidos políticos, contra quienes publican información crítica. Lo que puede derivar en injerencias arbitrarias y restricciones desproporcionadas sobre la libertad editorial.” (Vía: ARTICLE 19)
Esta no es la primera vez que una ley pone en riesgo la libertad de expresión. Desde que la Suprema Corte de Justicia quitara el límite monetario que tenían las demandas por daño moral, a los periodistas se les intimida con el fantasma de indemnizaciones millonarias u obligándolos a contratar los servicios de abogados con costos muy altos. El caso más reciente es el del periodista Sergio Aguayo, quien fue demandado en junio de este año por 10 millones de pesos, pues Humberto Moreira sostiene que el periodista le causó un daño moral con su columna publicada el 20 de enero pasado, argumentando lo siguiente:
“Atentó en contra de mi honor, vida privada y mi propia imagen, también lesionando mis sentimientos, efectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás.” (Vía: Vanguardia)
La columna a la que Moreira se refiere fue difundida por los periódicos Reforma y el Siglo de Torreón, y aborda la detención del exdirigente priista en España, donde fue indagado por lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. En ella, Aguayo escribió:
“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana.” (Vía: Animal Político)
La pregunta que está en juego aquí es si la libertad de expresión, que de por sí siempre tiene mucho que enfrentar para poder ejercerse, ya no será protegida ni siquiera en las leyes. ¿Cesarán iniciativas como la del derecho de réplica? ¿O este rechazo de la Suprema Corte es tan sólo provisional?