El Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, impulsada por el gobernador de extracto priísta Roberto Borge Angulo, que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio periodístico.

En este nuevo marco legal, que fue aprobado por mayoría, prevé la creación de una instancia que aplicará medidas para atender a comunicadores y activistas “en riesgo” y “en situación de vulnerabilidad”.

No obstante, el proyecto sufrió modificaciones en comisiones unidas, por lo que quedaron fuera elementos como la regulación al “acceso a las fuentes de información”, en la que se establecía que el ingreso a actos públicos sería a “periodistas debidamente acreditados”.

En esta nueva ley, los diputados acordaron la creación del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo objetivo es

“que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral, económica, libertad y seguridad cuando se encuentren en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, así como de sus familiares o personas vinculadas”.

La legislación establece además un límite material y espacial respecto a la difusión de información “en un medio de circulación física en el territorio estatal”.

De acuerdo a la organización Artículo 19, esto se constituye como “un acto de simulación” de un gobierno que continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes, indicando que:

“el flujo de información no se limita a frontera alguna, sobre todo en esta era digital y de avances tecnológicos cada vez mayores”.

En 2014, Quintana Roo fue la segunda entidad con mayor número de agresiones a la prensa, documentándose 42 casos de violencia, de las cuales el 15% fueron cometidas por servidores públicos.

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La nueva Ley de Quintana Roo dejaría a periodistas como Pedro Canché o al finado Rubén Espinosa Becerril fuera de la protección estatal porque simplemente no califican como periodistas, según el criterio, porque no están (estaban, en el caso del fotógrafo) en una nómina. Rubén trabajaba en la modalidad de freelance y Canché no está en ningún medio reconocido por el gobierno de Borge Angulo. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no es para ellos o para comunicadores como ellos.

En este contexto, Artículo 19 consideró que

“la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas constituye un acto de simulación,  mientras que el gobierno de Quintana Roo continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes”.

Por ello, reiteró que con la emisión de leyes no terminarán las agresiones contra periodistas, “mientras no exista la voluntad política por parte del gobierno de Roberto Borge de acabar con las agresiones y represión de aquellas voces críticas e independientes, y se comprometa verdaderamente a respetar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Quintana Roo”.