El 26 de septiembre de 2014 aproximadamente 80 estudiantes de la Escuela Rural Normal “Isidro Burgos” salieron hacia Iguala para tomar dos o tres camiones con los cuales viajar hacia la Costa Chica para realizar sus prácticas de campo. Según las propias versiones de los estudiantes, otro grupo de ellos, paradójicamente viajaría a la Ciudad de México para participar en las actividades conmemorativas de la masacre del 2 de Octubre de 1968.

Al llegar a la ciudad, tomaron dos camiones de la empresa Estrella de Oro y otro Costa Line e iniciaron el viaje hacia Chilpancingo. Relatan los estudiantes, que tomar los autobuses era una práctica común, y que los propios operadores comúnmente accedían a auxiliarlos.

Aquella tarde la esposa del Presidente Municipal de Iguala José Luis Abarca rendía un informe de labores al frente del DIF municipal. Entonces, el Edil, fue informado de la presencia de los estudiantes en la ciudad y del riesgo de que estos intentaran manifestarse en el marco de los festejos del informe, por lo que dio la orden de detener su avance.

Minutos después la policía municipal abrió fuego hacia los autobuses matando a 6 personas. Los estudiantes a bordo emprendieron la huida hasta ser interceptados nuevamente por los cuerpos policiacos quienes trasladaron a todos los detenidos a la central policiaca del municipio. Más tarde, la policía de Iguala con apoyo de la de Cocula trasladaron a los estudiantes en patrullas hasta un basurero en el cual fueron entregados al grupo criminal “Guerreros Unidos,” en donde según la versiones de los delincuentes, los normalistas fueron interrogados por que creyeron que pertenecían a otro grupo delictivo y por que estaban en un territorio controlado por estos.

Hace apenas unos días, en conferencia de prensa el Procurador General de la República, informó sobre la mayor línea de investigación en el caso que apunta hacia el probable asesinato de un grupo de personas. Al término de la reunión, al ser interrogado sobre si los hechos relatados corresponden con un crimen de Estado, aseguró que lo sucedido en Iguala no lo era.

Los hechos sucedidos en Iguala efectivamente no corresponden con lo que tradicionalmente se ha entendido como un “crimen de Estado.” Es posible afirmar, que no existe parangón alguno en el estudio de las desapariciones de Estado con este caso ya que el ingrediente de la participación de un grupo criminal, deja sin antecedentes en México la participación del Estado en un crimen de esta naturaleza.

Pero en qué radica que lo sucedido en Guerrero pueda ser considerado o no un crimen de Estado? En primera instancia es necesario dejar en claro la naturaleza política y necesidad social del Estado, y lo es, porque el Estado moderno es una una invención social con miras a garantizar la vida y la propiedad de las personas. Así, para los filósofos liberales el Estado se funda en el contractualismo. Este enfoque teórico que ha dado forma política a la mayor parte de los países del mundo, postula que en un inicio todos los habitantes de un territorio tienían el mismo grado de soberanía sobre los recursos, es decir, se vivía en un estado de naturaleza, en una lucha constante entre sus habitantes. De esta suerte, al darse cuenta de la imposibilidad de la convivencia, llegó el momento en el que los individuos decidieron crear un cuerpo político en el cual se depositara la soberanía que todos poseían para regular una vida en sociedad, con reglas y con el poder para hacerlas cumplir. Este cuerpo político es el Estado.

Más adelante Max Weber escribió que el Estado es la única entidad que posee el monopolio legítimo de la violencia, es decir, el uso de la fuerza aceptado y legitimado por los integrantes de una sociedad para hacer cumplir las reglas de la convivencia. El fin último de la fuerza del Estado es por tanto la defensa de la vida y propiedad de los integrantes del pacto social.

Cuando la fuerza del Estado es usada en razón de otros intereses, tradicionalmente se ha hablado de “crimen de Estado.” En este sentido, el razonamiento que hay detrás es que la fuerza legítima de la violencia que se ejerce a través de los cuerpos policiales o la milicia, tiene como fin no la preservación del interés social, sino la imposición del orden a partir de la desaparición forzada de los actores que representan las amenazas al poder institucional. A esto se le ha llamado “Razón de Estado.”

El caso de la masacre en Iguala nos pone ante un escenario nuevo, de proporciones dantescas porque rompió con la lógica del “crimen de Estado.” En Iguala, el ejercicio de la violencia legítima ordenado por el ejecutivo municipal a través de todo el aparato policiaco se realizó en favor de los intereses de un grupo criminal que había tomado el control o gobernaba el municipio. Esto ha provocado que la razón de Estado haya mutado o se haya puesto al servicio de Guerreros Unidos. Es difícil afirmar un “crimen de Estado” en este sentido, pero lo que no deja duda ni evidencia, es que fue el Estado… Fue un crimen de Estado-Delincuencial

@YizusRC
**Jesús Rivero Casas. Es profesor asistente en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabaja temas relacionados con Historia Política, Gobierno y Asuntos Públicos, Multiculturalismo y Rational Choice.