Sin rumbo fijo los impuestos a las gasolinas

gasolina

La fórmula del gobierno para establecer el precio de la gasolina incluye distintas variables que van desde aspectos puramente económicos que tienen que ver con las variaciones en los precios internacionales del petróleo, los costos de producción y distribución del combustible; hasta elementos fiscales que no son otra cosa que los impuestos que grava el gobierno en el precio final de dicho producto. En ese sentido, hay que aclarar que nos encontramos todavía bajo un esquema en donde los precios de los combustibles son fijados por el gobierno, decimos esto porque se suelen atribuir los aumentos a la reforma energética y a la liberalización de las gasolinas, lo cual no tiene ningún sentido, ya que hasta el momento, Pemex sigue monopolizando la producción, distribución y venta de esos derivados del petróleo.

Evidentemente las confusiones entre los famosos gasolinazos y la liberalización de precios derivada de la Reforma Energética fue causada principalmente por dos problemas; el primero de ellos vino del propio gobierno quien no supo comunicar desde el principio de forma clara y concisa en qué consistía la Reforma Energética, ya que se concentró en promover demagógicamente una gran mentira que tenía que ver con que la reforma del 27 constitucional traería una disminución casi automática de los precios de los energéticos. Por otra parte, esta situación de legítimo rechazo social ante las medidas tomadas por el gobierno ha sido también aprovechado por la oposición, en donde unos se han desmarcado de la medida a pesar de que la mayoría de sus partidos dieron el visto bueno de los aumentos cuando aprobaron el Paquete Económico 2017,y en donde otros han aprovechado la medida para promover su eterna campaña rumbo a la presidencia, planteando soluciones absurdas e irreales ante el problema.

Independientemente de que los aumentos sean medidas correctas o no, y de si hay o no confusiones que han dado ganancias político electorales a algunos actores y partidos políticos, es un hecho que la medida ha causado malestar social y consecuencias no deseadas dentro de nuestra economía. El rechazo social a las medidas parte, no solo de la afectación directa que tienen los consumidores, sino también del entorno político en el que se llevaron a cabo dichas medidas, ya que por un lado, la clase política contradictoriamente defiende llevar a cabo políticas de austeridad, pero en la práctica es incapaz de poner el ejemplo, ya que mientras entraban en vigor los aumentos de los combustibles y salían distintos actores a justificar las medidas escudándose en los problemas de gasto y deuda pública, la ciudadanía era testigo de los moches, los bonos de fin de año y los aguinaldos que recibían funcionarios de distintas dependencias de gobierno.

Por otro lado las medidas se dieron dentro de un ambiente de rechazo generalizado a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, cuya popularidad en esos momentos se encontraba en niveles críticos, con poco menos del 25% de aprobación ciudadana. Es decir, era insostenible pensar que no iba a haber reacciones de rechazo social ante una medida como esa, cuando el sistema político en general es percibido, con sobrada razón, como altamente corrupto, ahí están los escándalos  que involucran a gobernadores como los Duarte, Guillermo Padrés o Gabino Cué; o al mismo presidente Peña con la famosa Casa Blanca.

Finalmente, fue un error sostener, desde argumentos pura y meramente demagógicos, que los aumentos en los precios de los combustibles no iban a tener impacto en la inflación de este año, dichas afirmaciones no contaban con ningún sustento, incluso van en contra del mismo sentido común, ya que prácticamente todos los sectores de la economía utilizan combustibles ya sea de manera directa o indirecta, por lo que un aumento considerable en un insumo como la gasolina implica en consecuencia un incremento en el precio final de cualquier bien o servicio. Si a todo esto le agregamos los factores exógenos como la volatilidad en el tipo de cambio y el factor Trump vemos que se gestó la tormenta perfecta para que la inflación aumentara a casi 5% para este año, lo que significa que hubo un incrementó más de un punto respecto del margen controlado por el banco central que es de +/- un punto del 3%. 

Como podemos ver, el problema de fondo no solo es la poca credibilidad que tiene el gobierno ante la sociedad, sino también la poca visión y planificación que tienen en términos de generar un proyecto de desarrollo eficaz asociado a la recaudación fiscal. Es decir, es una medida correcta romper con el monopolio estatal en la producción, distribución y venta del petróleo y sus derivados, y dejar que sea el mercado el que regule esas actividades económicas, el problema es que en ese adelgazamiento del estado, en donde pasó de ser un agente económico activo a ser una entidad que cumple funciones reguladoras y recaudadoras, no se construyó un proyecto claro respecto a su papel como figura redistributiva de la riqueza.

Señalamos esto porque a pesar de la liberalización, el estado mexicano seguirá recaudando el famoso Impuesto Especial para Productos y Servicios (IEPS) gravado en todos los combustibles y que al año obtiene casi 120 mil millones de pesos. Pero este es justo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el gobierno, ya que gran parte del malestar social se debe a la poca transparencia que tiene respecto al uso que le da a los impuestos de los ciudadanos, y además, si agregamos el tema de la corrupción el tema se vuelve aún más problemático, ya que con toda razón, los ciudadanos percibimos que gran parte de nuestros impuestos van a dar al bolsillo de algún político o funcionario mexicano.

Si bien muchos países gravan impuestos altos en el consumo de gasolinas, estos son destinados a programas específicos relacionados al medio ambiente, a la transición energética y por supuesto al mejoramiento del transporte público, cosa que en México ni remotamente ha sucedido. No, en nuestro país lo que tenemos es una corrupción estructural, reproducida no solo por el sistema político sino por la sociedad en general, así como poca planificación a largo plazo en términos de proyectos de desarrollo económico y social.

En ese sentido el gobierno acabó implementando un plan al vapor que resultó en más de lo mismo, es decir, en la reproducción de un sistema recaudatorio ineficiente que acaba yendo hacia lo mismo y que en realidad no termina por generar mecanismos que resulten en beneficios en la sociedad. En cambio, sería muy distinto si desde un inicio se hubiera generado un proyecto mucho más integral que apuntara a una inversión puntual y transparente de los recursos recaudados por los impuestos a las gasolinas, empezando por un proyecto de transporte público sustentable y eficiente, para seguir con el impulso hacia la transición a energías más limpias; pero nada de eso, todo acaba en el mismo saco que sirve para financiar programas sociales paternalistas, asistencialistas y clientelares que son redituables electoralmente.

No obstante, podemos decir que las exigencias de la sociedad también están mal canalizadas, ya que se tratan de más de lo mismo, es decir, de pedir que el gobierno siga cumpliendo las funciones paternalistas a las que nos tiene acostumbrados, en donde se generaron burbujas de artificialidad causada por tantos subsidios que resultaban en un fuerte endeudamiento del gobierno, ya que al final Pemex era el que pagaba. Pero hay que señalarlo, ese modelo económico altamente dependiente del petróleo resultó contraproducente, por lo que resulta increíble que todavía haya demagogos trasnochados que defiendan y promuevan ese esquema enfocado en la monopolización estatal en ciertos sectores, sobre modelos de diferenciación económica basados en la libre competencia, que generan menor dependencia hacia un tipo de actividad económica.

En cambio, la exigencia debería de apuntar hacia ejercer presión hacia el gobierno para que de una utilización eficiente, responsable y transparente a nuestros recursos, que desemboque en políticas públicas, sociales y económicas que impulsen verdaderamente el desarrollo del país. En ese sentido, asumiendo que es una mentira rotunda el hecho de que los combustibles puedan bajar significativamente de precio por  simple decreto tal y como promueven algunos demagogos, es necesario generar estrategias que busquen más bien presionar al gobierno para que los recursos que recaude sean gastados de manera óptima y transparente.

Véase: (Nexos) (El Financiero) (El Economista) (Secretaría de Hacienda y Crédito público)

 

 

 

 

 

Publicidad