Hacienda: el uso político y discrecional de recursos federales para estados

Detrás de los reclamos del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), están las prerrogativas discrecionales que históricamente ha entregado el gobierno federal a través de esa dependencia a los distintos estados, los cuales son recursos que van más allá de los paquetes presupuestales aprobados año con año.

Evidentemente estos recursos son utilizados políticamente por el gobierno federal quien literalmente tiene la capacidad de premiar o castigar gobiernos estatales con recursos adicionales que se agregan al presupuesto etiquetado originalmente.

Los estados difícilmente pueden librarse de esta dinámica de premio o castigo con base en criterios políticos implementada por gobierno federal, debido a que tienen una recaudación fiscal muy ineficiente, por tanto, las entidades se hacen dependientes de los recursos y las prerrogativas provenientes de la federación y, en consecuencia de ciertas condiciones de tipo político.

“Hacienda premia a gobiernos estatales con recursos adicionales sin que nadie vigile ni ponga peros”.

Este tipo de prerrogativas discrecionales son conocidas como Ramo 23, el cual no es otra cosa que provisiones económicas o salariales que otorgan recursos a las entidades federativas a través de fondos específicos, que pueden ser obtenidos por los estados firmando distintos convenios con la SHCP. Muchos de estos convenios están sujetos a la disponibilidad de recursos de la secretaría, es decir, la dependencia tiene la capacidad de condicionar esos montos de manera discrecional ya que puede establecer los criterios para firmar cualquier convenio de ese ramo.

Pues esos recursos discrecionales son los que está reclamando el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien sostiene que Hacienda le negó un convenio por 900 millones de pesos por motivaciones políticas relacionadas a las investigaciones contra el ex gobernador de la entidad César Duarte, las cuales han involucrado a personajes de las altas esferas del priismo y el gobierno federal.

“Este escándalo puso de relieve una práctica común del gobierno que, sin ser ilegal, dista de estar regulada”.

Sin embargo, la dependencia ha asegurado que no entregó esos 900 millones de pesos debido a que el convenio firmado con el gobierno de Chihuahua estaba condicionado a la disponibilidad de recursos y, al final, la secretaría no contaba con el monto solicitado por el gobierno estatal.

A final de cuentas, este escándalo solo hizo pública una práctica común entre el gobierno federal y los estatales, definida por la opacidad, la discrecionalidad y los intereses políticos. Asimismo mostró la fuerte dependencia presupuestal que tienen los estados con el gobierno federal, causado por sus pésimos sistemas fiscales, que no les permiten generar una verdadera autonomía financiera y operativa.

Finalmente, hay poca transparencia respecto a los convenios y montos entregados a todas las entidades federativas tanto por parte del gobierno federal, como del legislativo que a final de cuentas es el que entrega dichos recursos adicionales. (Vía: Reforma)

 

 

 

ANUNCIO