¿El voto es un derecho o un privilegio en EE.UU.?

Desde finales de los años 50 hasta bien entrados los 60, por todo Estados Unidos la lucha por los Derechos Civiles buscó, como parte de una agenda amplia, el derecho al voto de la comunidad afroestadounidense. La intención no era sólo votar, sino que la sociedad y el sistema estadounidense completo reconociera el peso (y la deuda que tenía con) ellos: algo que Martin Luther King, Jr., decía constantemente en sus discursos: la idea de una deuda con la comunidad negra que tenía que ser saldada no con programas paternalistas, sino con el reconocimiento pleno de su igualdad.

El voto de consiguió, y, legalmente, se reconoció la igualdad de derechos de una comunidad que por cien años fue segregada. La lucha fue larga, la lucha sigue siendo larga, pero una de las mayores victorias, sin duda, fue la elección de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos en el 2008.

Desde 2005, y gracias a una decisión de la Suprema Corte de Justicia del 2002, los estados con mayorías republicanas han estado presionando para cambiar sus leyes electorales: la intención, dicen en sus discursos, es prevenir el fraude electoral (particularmente, la suplantación: es decir, votar a nombre de otra persona). (vía: New York TimesLa propuesta parece sencilla: solicitar —en algunos estados exigir— alguna identificación con fotografía para poder ejercer el voto, nada diferente de lo que en nuestro país se requiere por ley. (Vía: Washington Post)

Sin embargo, el problema está en que el sistema electoral estadounidense no está centralizado como el mexicano: sin un Instituto Electoral que haga un registro nacional, ni que lleve y vigile un padrón que garantice el voto universal —podríamos criticar el sistema electoral mexicano desde muchos ángulos: acarreos, compra de voto… menos, quizá, eso—, cada estado determina las leyes que permiten el voto a sus ciudadanos. Cada una de las reformas promovidas por el partido republicano a lo largo de EE. UU., pareciera que son un ejercicio quirúrgico para reducir, o por lo menos impedimentar la participación de  ciertas minorías con clara tendencia de voto demócrata, es decir: latinos y afroamericanos pobres. (Vía: New York Times)

Prácticamente sin oposición, cerca de 33 estados de la Unión americana promovieron leyes semejantes, que hacían difícil, cuando no imposible, para estudiantes, ancianos y comunidades enteras afroamericanas, latinas e inmigrantes, cumplir con las identificaciones exigidas, lo que, en ciertos estados, como Pennsylvania (que votó mayoritariamente demócrata en 2008 y 2012), puede llegar a afectar a poco más de 9% de la población en edad de votar. (Vía: Slate)

Si bien varias decisiones de jueces federales y de algunas Cortes Supremas estatales, como Texas y Carolina del Norte, han  hecho que las legislaturas “suavicen” o plenamente cancelen estas leyes, los gobiernos siguen impulsando obstáculos para estas votaciones que, todo apunta, serán tan cerradas como la ocurrida en el 2000, cuando fue una decisión de la Suprema Corte la que definió la victoria del candidato republicano, George W. Bush.

Estudios recientes han puesto en duda que estas leyes —aún cuando es evidente la intención con la que son formuladas— en realidad reduzcan la participación de voto; incluso en ciertos estados estas leyes han promovido que se minimice el abstencionismo, o que, en el peor de los escenarios, provocan que todo mundo, sin importar raza o clase social, vayan a votar menos. (vía: Journalists Resource) Sin embargo, eso no hace a un lado la carga racista y segregacionista que impulsó, en un principio, estas leyes, aún cuando algunos republicanos nombren estos cambios legislativos más como movimientos políticos que raciales. (vía: Vox)

Un país que se nombra a sí mismo guardián de la democracia occidental, líder del “mundo libre” sigue, aún hoy en este 2016, teniendo grupos sociales completos cuyo derecho a la ciudadanía está no sólo impedido, sino segregado: que son calificados, por la ley, como de segunda categoría, tal como hace sesenta años, por razones políticas. Porque, pareciera ser universal, la política es una prioridad frente la humanidad.

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