México quiere lavarse las manos ante Corte IDH por caso de desaparición forzada

En el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009, Nitza y José Alvarado fueron presuntamente detenidos por un grupo de hombres con uniforme del Ejército mexicano y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Horas más tarde, llegaron al domicilio de Rocío Alvarado y se la llevaron.

Desde el día siguiente a esos hechos en Buenaventura, Chihuahua, las autoridades mexicanas negaron que el grupo de entre 8 y 10 hombres hayan sido elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Estos 26 y 27 de abril, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, insisten en ello y aseguran en representación del Estado que eran, en realidad, integrantes del crimen organizado, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó la participación de agentes estatales en los hechos durante la audiencia.

“(El Estado) no considera ningún otro elemento mas allá de la existencia de la delincuencia organizada y la utilización de uniformes apócrifos y aditamentos propios de autoridades federales”, declaró Ruth Fierro, del Centro de Derechos Humanos de la Mujer y representante de los familiares de las víctimas.

De acuerdo a los alegatos de los representantes de las víctimas, en el Caso Alvarado Espinoza y otros versus México se cometieron violaciones a varios artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos se deben a que, entre otras cosas, tras la desaparición, las autoridades militares asumieron la investigación y desestimaron la hipótesis de que se tratara de una desaparición forzada y no un levantón por parte de la delincuencia organizada.

Fierro enfatizó que existe un contexto que respalda la teoría de los representantes de las víctimas. Ese no es sólo la presencia del Ejército por el Operativo Conjunto Chihuahua, sino que el Batallón 35, responsable del ilícito, era dirigido por el Coronel Elfego Luján Ruiz, quien más tarde fue acusado por otros soldados por la muerte de cinco personas durante torturas de su tropa. Luján fue condenado en 2016 a 33 años de prisión por el homicidio de dos personas.

Las evidencias que demostrarían la participación del Estado consisten en dos testigos presenciales, así como el hecho de que otras autoridades tuvieron conocimiento de que los militares se llevaron a José, Nitza y Rocío al cuartel del Batallón 35. Sin embargo, esta versión ha sido desestimada por el Estado.

“El argumento del Estado es que seguramente esto es una confusión a partir de lo que las propias familias referían”, explica Fierro.

Por su parte, los representantes del Estado reconocieron durante la audiencia que se violaron los artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana, sobre todo por haber delegado las indagatorias iniciales a las Fuerzas Armadas. Pero no aceptaron la versión de los hechos de los familiares de las víctimas.

Alejandro Alay, asesor de la SRE en representación del Estado mexicano.

“La representación de las presuntas víctimas (…) y la CIDH esbozan un escenario en el que, como parte del Operativo Conjunto Chihuahua el Ejército mexicano cometería violaciones de derechos humanos en contra de la población. El Estado rechaza categóricamente este escenario”, respondió Alejandro Alay, asesor de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el espacio que tuvo la CIDH para dar sus consideraciones, Silvia Serrano y Margarette May Macaulay, titular del organismo, reiteraron que de acuerdo a sus conclusiones el Estado sí participó y que niega en su argumentación la desaparición forzada, fenómeno recurrente en el país.

Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La comisión considera que el estándar de prueba conclusivo que propone el Estado desconoce la naturaleza misma de la desaparición forzada y se acerca mas a un estándar propio de la determinación de responsabilidad penal no aplicable a la responsabilidad internacional del Estado”, sentenció Serrano, quien solicitó medidas para garantizar la no repetición.

Tras dos días de audiencia en la sede del organismo judicial en San José, Costa Rica, el Presidente de la corte, el juez Eduardo Vio Grossi citó a los representantes el próximo 28 de mayo para los alegatos finales, sin posibilidad de prórroga. Sin embargo, antes de concluir la sesión expresó tener dudas sobre el caso. Por ese motivo, pidieron que se ampliaran ciertos puntos del Estado y los representantes de las víctimas.