Rusia podría descriminalizar la violencia doméstica

A pesar de que el 40 % de todos los crímenes violentos en Rusia son cometidos en el espacio familiar, la senadora ultra conservadora Yelena Mizulina introdujo una propuesta en julio pasado para proponer la decriminalización de la violencia intrafamiliar.

Según Mizulina, cabeza del Comité sobre Asuntos de la Familia, la Mujer y los Niños de Duma, y que ahora es senadora en el Consejo de la Federación,

“las agresiones cometidas contra miembros de la familia deberían considerarse ofensas administrativa.” (Vía: The Guardian)

Además, otro de sus argumentos es que

“no quieres tener personas encarceladas por dos años y etiquetadas como criminales por el resto de su vida por una cachetada.” (Vía: The Guardian)

La propuesta de la senadora viene después de una enmienda al código criminal, introducida por la Superema Corte y firmada por Vladimir Putin, que declara la violencia familiar como una ofensa criminal que debe ser investigada y procesada por el Estado.

Yelena Mizulina.

Sin embargo, Mizulina se apoya de valores tradicionales familiares de la iglesia ortodoxa rusa, la cual emitió un comunicado diciendo que

“los castigos corporales son un derecho esencial dado a los padres por dios, siempre y cuando se lleven a cabo de forma razonable y con amor.” (Vía: The Guardian)

A su vez, la Resistencia de Padres Rusos advirtió que la criminalización de la violencia familiar lleva al enjuiciamiento de padres que estaban actuando en el mejor interés por sus hijos:

“Una madre nalgueó a su hijo por mirar pornografía… pero sus maestras en la escuela notaron moretones, se quejaron, y la corte hizo que la madre pagara 8 mil rublos (2 mil 600 pesos)… Los padres ya no tienen derecho a elegir cómo criar a sus hijos” (Vía: The Guardian)

Mizulina es famosa por haber introducido la prohibición a la llamada “propaganda gay”. La ley, ya en vigor, hace ilegal equiparar relaciones heterosexuales con relaciones homosexuales, así como distribuir material sobre derechos gay, contempla multas de hasta 51 920 pesos mexicanos para individuos y medios de comunicación si son encontrados culpables por violar la ley.