Siguen creciendo denuncias por compra de voto: PRI tiene la mitad de ellas

Las elecciones ya están a la vuelta de la esquina y con ello todas las estrategias para hacer que cualquier elector se decante por un partido o candidato en particular. Dentro de esas prácticas está la compra de votos y por supuesto que se está destapando.

La plataforma Democracia Sin Pobreza se ha comprometido a hacer frente a este delito y estableció una red para la denuncia del mismo. En esta, la mayoría de las denuncias han sido contra el PRI, así como las investigaciones del INE respecto al mismo delito.

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De las más de 300 denuncias en la plataforma, casi el 50% son contra el Revolucionario Institucional. Están repartidas en 28 Estados de la República, pero es en el Estado de México donde más se han registrado. Después están Puebla, la CDMX, Veracruz y Jalisco.

El Edomex es un bastión histórico del PRI, que estuvo en riesgo en la elección pasada, cuando Delfina Gómez estuvo bastante cerca de Alfredo del Mazo. Suena bastante lógico que busque recuperar el terreno perdido, cuando su candidato a la presidencia se encuentra rezagado en la contienda con AMLO y Ricardo Anaya.

Foto: Reforma

En la CDMX, también se han registrado intenciones de compra de voto por parte de Alejandra Barrales. El diario Reforma constató que en una vivienda de ubicada en la Delegación Tlalpan se congregaron a electores para que entregaran copias de su identificación electoral a cambio de entrar en un programa social del eventual gobierno de Barrales.

Ahí, se les solicitaron las copias y se conformó un padrón, que evidentemente no corresponde a un programa social, sino a la entrega de tarjetas con apoyos económicos.

No son solo estos dos partidos y coaliciones los que están participando en la compra del voto, un delito que es, en sí, difícil de comprobar de manera legal, aunque de forma empírica sea bastante claro.

Las denuncias ocupan a todos los partidos, que tienen diferentes formas de participar y de coaccionar el voto de esta forma y, al mismo tiempo, burlar la legislación electoral.

La entrega de apoyos económicos, como tarjetas electrónicas con dinero, no constituye un delito porque este no condiciona de manera abierta el votar por alguien. Es, simplemente, como cualquier otro producto propagandístico.

Gráfica: Democracia Sin Pobreza

Sin embargo, es evidente que este instrumento condiciona el voto de forma particular, apoyándose en las deficiencias económicas de una región y haciendo que electorado vea su participación en las votaciones como una moneda de cambio y no como parte del proceso democrático que implica una elección.

Las denuncias seguirán cayendo y el marco legal de la compra del voto no podrá detener el que los partidos lo hagan de una y mil maneras, hasta que el INE establezca claramente que aprovecharse de las condiciones de desigualdad de la población es un delito y constituye compra de voto.

Con información de Reforma