¿Qué agregaron el gobierno y las FARC en el nuevo acuerdo de paz?

Los últimos resultados electorales en varios países del mundo (el Brexit, el triunfo de Trump, el “No” a la paz de Colombia) son indicadores de que el odio, el miedo y la violencia están latentes en nuestras sociedades y sólo aguardan la oportunidad de manifestarse.

Hace un mes y 10 días, por medio de un referéndum, una mayoría simple de colombianos determinaba no ratificar el acuerdo de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

Sin embargo, el gobierno de Colombia determinó no dar por perdido un largo proceso de 4 años de negociaciones, y el sábado anunciaron en La Habana la firma de un nuevo acuerdo con “cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad y que revisamos uno a uno”. (Vía: Animal Político)

Las modificaciones al acuerdo están disponibles en este documento.

Las principales diferencias entre el acuerdo anterior y este son las siguientes:

  • El acuerdo ahora no formará parte de la Constitución colombiana, pero se incorporará un artículo transitorio. Además, las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido.
  • La Jurisdicción Especial para la Paz (el sistema especial de justicia transicional acordado en La Habana) tendrá un límite de diez años. Podrán agregarse otros cinco años más de requerirse para concluir las actividades de la jurisdicción.
  • Las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz podrán ser revisadas por la Corte Constitucional.
  • La pena alternativa a la de prisión para quienes cuenten la verdad de sus crímenes se definió con mayor claridad, pues los magistrados de la JEP deberán indicar dónde se cumplirá la pena, qué horarios deberán respetar los sentenciados, los periodos de ejecución de las acciones reparadoras, los mecanismos de monitoreo, entre otros.
  • Todos los que se presenten a la Jurisdicción Especial para la Paz deberán entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada.
  • Los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado con ánimo de enriquecimiento personal podrían quedar por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz y podrían ser juzgados de forma regular.
  • Las FARC deberán declarar durante la dejación de armas sus bienes y activos para reparar a las víctimas del conflicto.
  • Se reducirá en un 30% respecto al acuerdo anterior la financiación al partido de las FARC.

Después de que se presentaran estas modificaciones, los líderes del “No” las analizarán y tendrán derecho a hablar con el gobierno. Si respaldan el acuerdo, podría consolidarse el pacto nacional. Si lo rechazan, el gobierno de Santos deberá decidir si vuelve a enviar negociadores a La Habana.

Con información de BBC.