¿Por qué es discriminatorio legislar contra el matrimonio igualitario?

La iniciativa de reforma constitucional que el presidente Enrique Peña Nieto propusiera a la cámara legislativa para legislar el matrimonio igualitario fue rechazada definitivamente el miércoles. Después de que varias comisiones de la Cámara de Diputados votaran contra ella, la resolución de la Comisión de Puntos Constitucionales definió que no era tarea del legislativo federal “legislar sobre materia civil”, es decir, que la Cámara de Diputados no podía hacer leyes que afectaran el código civil de los estados.

El día de ayer, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) emitió un pronunciamiento en el que lamentó la decisión de las Comisiones del legislativo, además de que remarcó que, con ella, México pierde la oportunidad de “armonizar sus leyes” con los estándares internacionales y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya había dictaminado la constitucionalidad de resoluciones semejantes -como la que, desde el 2010, permitió el matrimonio igualitario en la CDMX. (vía: Proceso)

La argumentación en las comisiones de la cámara no sólo resulta extraña, sino abiertamente falaz: la Comisión de Derechos Humanos consideró “improcedente [su] aprobación”, pues, según la argumentación de su presidente, el diputado priísta Armando Luna Canales, aunque es deber del Estado defender los derechos humanos de sus ciudadanos, esta defensa “puede tener sus matices”, pero, eso sí, consideraba que la iniciativa propone algo “loable”. En un tono semejante, la Comisión de Puntos Constitucionales rechazó la iniciativa porque, como ya habíamos reportado, “no le corresponde” a la Cámara de Diputados legislar sobre el código civil de los estados y que, de hacerlo, su legislación entraría en conflicto constitucional. (vía: La Jornada)

Según esto, entonces, no todos los derechos son dignos de ser defendidos de la misma forma. El problema no es en sí el rechazo de la iniciativa por argumentos burocráticos, sino que forma parte de un discurso que busca mantener la inequidad legal (social, incluso política) a la que se enfrenta día a día la comunidad LGBTTTIQA. Decir que no todos los derechos humanos son universales (porque no todos los derechos humanos valen su lucha) coloca no sólo a esa comunidad, sino a todos los ciudadanos en una situación de precariedad,  pues si depende de cada  congreso estatal el definir qué derechos han de ser respetados, qué será visto legalmente como humano y qué no, nos enfrentaríamos a una crisis legalizada, pues no han sido pocas las noticias de gobernadores que han utilizado su poder en sus congresos locales para imponer legislación que viola derechos constitucionales.

El pronunciamiento de la CONAPRED reafirma la idea de que el camino que siguió la iniciativa del Ejecutivo fue guiada más por un discurso de odio que por una verdadera discusión legislativa. El pronunciamiento, también, llega cuando el mismo nuncio apostólico lanza declaraciones claramente dedicadas al cardenal Norberto Rivera (quien ha lidereado una campaña para frenar esta legislación que no ha tenido reservas para manipular políticamente a un ala ultraconservadora de la sociedad mexicana que teme un cambio cultural irrefrenable), para que cancele su movilización. (vía: El País)

Limitar el matrimonio (y, siguiendo la lógica de los diputados y el cardenal, la familia misma) a un solo modelo que, estadísticamente, ya no representa la realidad de mayoría de los mexicanos es atentar contra sus derechos, contra su identidad legal y política, más cuando en el artículo primero de la  Constitución de los Estados Unidos Mexicanos está escrito que:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” (Vía: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)