La percepción de la corrupción en México subió: de 176 países, es el 123

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es un estudio que se realiza a nivel mundial, coordinado por Transparencia Internacional y ejecutado por las oficinas locales, en el caso de nuestro país, Transparencia Mexicana. Cada año, desde 1995, se publican los resultados del IPC y, cada año fuera del 2014, México ha caído en su calificación. En el estudio de 2015, el país registraba una calificación de 35 (donde 0 es altamente corrupto y 100 virtualmente sin corrupción) y, de entre los 176 países evaluados, alcanzó el lugar 95; este año, cayó 5 puntos y se fue, en picada, a la posición 123. (Vía: Reforma)

En un año, como el 2016, donde se hicieron públicas las redes de corrupción de los exgobernadores de Veracruz, Chihuahua, Sonora, Quintana Roo, Durango, Nuevo León y  Tamaulipas, así como el alcance de los sobornos de empresas trasnacionales para incidir en las decisiones de políticas públicas dentro de la administración federal, esta caída en la percepción podría no parecer una sorpresa. La misma Transparencia Internacional, al dar el reporte de su IPC, recomendaba al gobierno federal conformar un aparato institucional que en verdad enfrente a la corrupción, pues el Sistema Nacional Anticorrupción, además de que no ha sido una prioridad para el gobierno de Enrique Peña Nieto  -el puro hecho de que no ha salido aún de su primera fase de planeación es toda la evidencia que se necesitaría-, sienta un precedente para que las autoridades en cualquier nivel de gobierno sean corrompidas. (Vía: Sin Embargo)

La situación política actual: las manifestaciones en todo el país contra el gasolinazo, la frustración popular frente a los bonos y gastos de la alta burocracia cuando son ellos mismos los que le han estado pidiendo a la sociedad que “se prepare” para épocas difíciles “por el bien del país” y los constantes mensajes de la Presidencia de la República, han construido un momento en el que incluso organizaciones pensadas siempre como “aliadas” del gobierno, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), han lanzado un discurso de oposición frente a medidas que se sienten apresuradas e, incluso, meramente mediáticas.

Frente a la crítica de organismos internacionales, las autoridades federales han respondido, sistemáticamente, a negar los hechos presentados: ya sea el Alto Comisionado contra la Tortura de la ONU, el Banco Mundial o Amnistía Internacional, los secretarios e, incluso, el mismo presidente Peña Nieto ha negado que la situación que hacen visible sea real. ¿Habrá una respuesta semejante frente al IPC de Transparencia Internacional, o se tomará en cuenta para construir instituciones que de verdad atajen un problema estructural como éste?

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