En rueda de prensa, el Frente Nacional por la Familia de Yucatán y la organización Red Pro Yucatán declararon que, así como hay consultas para decidir sobre el Aeropuerto y el Tren Maya, el gobierno federal debería someter a consulta el aborto, el matrimonio igualitario y la infidelidad.
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De acuerdo con El Universal, ambas organizaciones criticaron que no se consulte “a todos los sectores de la población” antes de tomar decisiones que tienen que ver con los derechos humanos, como en el caso de la interrupción legal del embarazo y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
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El presidente del Frente Nacional por la Familia en Yucatán, Víctor Pinto, señaló que el aborto no puede ser un derecho:
“Si se considera el aborto una garantía, desde ahí se está fallando. Matar no puede ser visto como un derecho“.
En la lógica de despenalización del aborto, deberían proponer la despenalización del robo de combustible, de todas formas lo van a hacer, mejor que lo hagan de forma segura. Dejan de lado que abortar es matar una persona y empiezan con sus fantasías de que el reto no es humano.
— Frente Nacional CDMX (@FamiliaCDMX) November 25, 2018
Respecto a la “penalización de la infidelidad“, el presidente del Consejo Directivo de la Red Pro Yucatán, Salvador González, criticó una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determina que la infidelidad en el matrimonio no es un delito ni implica sanciones económicas:
“Permite la facilidad para que en la pareja pueda existir algo que hace tiempo se consideraba delito: poner los cuernos. (…) Por lo tanto, agrede a los valores familiares“, señaló González.
Dijo considerar que no es necesario “que todo se ponga a discusión”. Sin embargo, temas como el aborto y el matrimonio igualitario son los que González considera que sí deberían someterse a consulta ciudadana. (Vía: El Universal)
Sin embargo, como señala el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos reconocidos por ella no pueden ser sometidos a consulta:
“No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente (…)”.