Contratos que acaban de hacerse públicos dejan en evidencia que la compra del malware Pegasus ocurrió durante la administración de Jesús Murillo Karam en la Procuraduría General de la República.

En septiembre, te informábamos cómo diversos diarios mexicanos, a través de lo publicado en los Panama Papers, siguieron una investigación que llevó al descubrimiento de que la PGR, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían adquirido un complejo sistema de espionaje “punta de lanza” para dispositivos electrónicos. (Vía: Milenio)

Documentos que confirman compra de Pegasus por PGR
Vía: Milenio

La compañía que lo comercializaba, NSO Group, sólo vende a gobiernos, y fue a partir del contacto con la empresa “consultora de seguridad” Balam, que NSO, con sede en Israel, logró un contrato de más de 30 millones de dólares con la institución que dirigía el exgobernador de Hidalgo.

Los contratos publicados por Milenio no sólo confirman estas compras, sino que le ponen nombre y apellido a quienes pusieron en práctica las campañas de vigilancia contra periodistas y activistas: el “entrenamiento” de personal de la PGR y el Cisen, los costos y los vínculos que llevaron a México a ser uno de los países que más gastaba en “seguridad digital” están ahí. (Vía: Televisa News)

Mientras que la PGR está solicitando a los demandantes que “entreguen sus teléfonos” para que sean revisados (porque qué mayor confianza esta de que la instancia que te espió investigue si te espió), la investigación señala que Carmen Aristegui y su hijo fueron los primeros objetivos en una lista que, probablemente, no conoceremos. (Vía: Animal Político)

Hoy, Murillo Karam está en el “exilio” político: tras el desgaste que le provocó a la PGR con la investigación del caso Ayotzinapa, fue enviado a la secretaría “de castigo”: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para ser remplazado por Rosario Robles y olvidado en el horizonte político.

Si bien no hay nada ilegal aún en la compra de un sistema de vigilancia, su utilización contra ciudadanos, contra periodistas y activistas en momentos como éstos, en los que su profesión y sus luchas les están costando la vida, no sólo es grave, eso sí es un delito.

Raúl Cruz Villanueva, trabajó en el proyecto de Plumas Atómicas sin embargo recibimos información por abuso de poder en contra de unas de sus alumnas que nos obligo a actuar en congruencia. Adicional...

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