Tras sobrevivir agresión sexual, mujer indígena es acusada de homicidio

La falta de acceso a la justicia, la incapacidad para seguir protocolos con perspectiva de género y la criminalización de la víctima, son agravios cometidos por los aparatos de impartición de justicia hacia las mujeres, pero si esto se suma ser indígena, la violencia se duplica. Ese es el caso de Adela García Carrizosa, quien fue condenada a 20 años de prisión tras sufrir una agresión sexual.

Adela, una mujer mazateca, lleva presa ocho años por un delito que no cometió. El 28 de mayo de 2009 fue atacada por el hermano de su esposo.

“Sacó su pistola, me apuntó en la cabeza. Me quería violar, pero llegó mi esposo, corrí y agarré a mi niña”, su esposo comenzó a forcejear con el atacante y le disparó, causándole la muerte. Dos días después, Adela fue acusada y trasladada al Juzgado Mixto de primera instancia de Huatla de Jiménez. (Vía: Reforma)

 

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Cuando Adela narró lo ocurrido el juez, este no le creyó: además de que le tomaron su declaración sin la presencia de un abogado ni de un intérprete; como pasa en muchas de las detenciones de personas de comunidades indígenas, Adela nunca supo lo que estaba sucediendo, nadie le informó sus derechos ni fue atendida debidamente. 

Sólo hasta el 3 de octubre del 2012, tres años después, fue que Adela supo de qué se le acusaba, gracias a las labores de un intérprete.  Más tarde, Gerardo Martínez, un abogado del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (Cepiadet) comenzaría a llevar su caso. Martínez expresa que en el expediente están registrados los esfuerzo por Germán, su marido, para convencer al juez sobre la inocencia de Adela.

“El Juez dijo que eso era una estrategia para evadir responsabilidades, actuó bajo una apreciación de género que esta prohibido, prácticamente el mensaje es que ella tuvo la culpa de todo“, expresa el abogado, quién también es defensor de derechos humanos. (Vía: Animal Político)

Adela fue encontrada culpable de homicidio calificado con la agravante de ventaja y sentenciada a 20 años de prisión.

Hasta que la dignidad se haga costumbre

Durante el gobierno de Vicente Fox, en ese entonces la  Agencia Federal de Investigación (AFI), detuvo con engaños tres mujeres ñhäñhú y fueron acusadas de secuestrar a seis agentes de la Agencia, al igual que a Adela, se les fue negado un intérprete y fueron sentenciadas a 21 años de prisión. (Vía: Plumas Atómicas)

Aún cuando, desde el principio se tenían pruebas de la inocencia de las tres mujeres, pasaron casi cuatro años detenidas hasta que, después del trabajo de organizaciones de derechos humanos, se logró su libertad tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y un año más tarde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa exigió a la ya Procuraduría General de la República, pedir disculpas a las tres mujeres.

Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2015, detalla que hace dos años había 8,412 indígenas recluidos en los centros penitenciaros del país, el año pasado, la CNDH logró sacar a 60 indígenas que no eran culpables de los cargos que se les imputaban.