La falta de acceso a la justicia, la incapacidad para seguir protocolos con perspectiva de género y la criminalización de la víctima, son agravios cometidos por los aparatos de impartición de justicia hacia las mujeres, pero si esto se suma ser indígena, la violencia se duplica. Ese es el caso de Adela García Carrizosa, quien fue condenada a 20 años de prisión tras sufrir una agresión sexual.
@EquisJusticia ha analizado y dado seguimiento a sentencias judiciales que contienen prejuicios, estereotipos y exigencia de roles de género que obstaculizsn el accesi a la justicis de las mujeres? pic.twitter.com/72h6pHXtSq
— Andrea Parra (@ParraAndrea_13) December 5, 2017
Adela, una mujer mazateca, lleva presa ocho años por un delito que no cometió. El 28 de mayo de 2009 fue atacada por el hermano de su esposo.
“Sacó su pistola, me apuntó en la cabeza. Me quería violar, pero llegó mi esposo, corrí y agarré a mi niña”, su esposo comenzó a forcejear con el atacante y le disparó, causándole la muerte. Dos días después, Adela fue acusada y trasladada al Juzgado Mixto de primera instancia de Huatla de Jiménez. (Vía: Reforma)
Dafne tuvo un aborto espontáneo en su trabajo y la sentenciaron a 16 años de cárcel por homicidio
Cuando Adela narró lo ocurrido el juez, este no le creyó: además de que le tomaron su declaración sin la presencia de un abogado ni de un intérprete; como pasa en muchas de las detenciones de personas de comunidades indígenas, Adela nunca supo lo que estaba sucediendo, nadie le informó sus derechos ni fue atendida debidamente.
EQUIS Justicia para las Mujeres y diversas organizaciones del país documentamos casos de misoginia judicial, donde los estereotipos, prejuicios, las exigencias sociales basadas en el sexo, preferencia sexual e identidad de género son los argumentos que utilizan jueces y juezas.
— EquisJusticia (@EquisJusticia) December 5, 2017
Sólo hasta el 3 de octubre del 2012, tres años después, fue que Adela supo de qué se le acusaba, gracias a las labores de un intérprete. Más tarde, Gerardo Martínez, un abogado del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (Cepiadet) comenzaría a llevar su caso. Martínez expresa que en el expediente están registrados los esfuerzo por Germán, su marido, para convencer al juez sobre la inocencia de Adela.
“El Juez dijo que eso era una estrategia para evadir responsabilidades, actuó bajo una apreciación de género que esta prohibido, prácticamente el mensaje es que ella tuvo la culpa de todo“, expresa el abogado, quién también es defensor de derechos humanos. (Vía: Animal Político)
Adela fue encontrada culpable de homicidio calificado con la agravante de ventaja y sentenciada a 20 años de prisión.
Hasta que la dignidad se haga costumbre
Durante el gobierno de Vicente Fox, en ese entonces la Agencia Federal de Investigación (AFI), detuvo con engaños tres mujeres ñhäñhú y fueron acusadas de secuestrar a seis agentes de la Agencia, al igual que a Adela, se les fue negado un intérprete y fueron sentenciadas a 21 años de prisión. (Vía: Plumas Atómicas)
Aún cuando, desde el principio se tenían pruebas de la inocencia de las tres mujeres, pasaron casi cuatro años detenidas hasta que, después del trabajo de organizaciones de derechos humanos, se logró su libertad tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y un año más tarde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa exigió a la ya Procuraduría General de la República, pedir disculpas a las tres mujeres.
El clamor ejemplar de hoy:
"Hasta que la dignidad se haga costumbre",
Estela Hdez, hija de Jacinta Franciscopic.twitter.com/6idkEACNq5— pati peñaloza (@patipenaloza) February 22, 2017
Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2015, detalla que hace dos años había 8,412 indígenas recluidos en los centros penitenciaros del país, el año pasado, la CNDH logró sacar a 60 indígenas que no eran culpables de los cargos que se les imputaban.
