Dos motines en Brasil han cobrado la vida de casi cien presos

Cuando amaneció el 2017, en una cárcel en la ciudad amazónica de Manaos, Brasil, se iluminaba algo que, iniciado como motín, terminó en masacre. 53 víctimas resultaron del enfrentamiento, según fuentes oficiales, entre dos “pandillas” que buscaban controlar el tráfico de drogas dentro de la prisión: la Familia del Norte (FDN) y el Primer Comando de la Capital (PCC). (Vía: Reuters)

Las imágenes, reportaban corresponsales de El País,  parecían tomadas de textos medievales: desmembramientos, ejecuciones públicas y cuerpos apilados y en fuego fue con lo que fueron recibidas autoridades que lograron negociar el regreso de los presos a la “normalidad”: hacinamiento, sobrepoblación y la convivencia cotidiana de grupos enfrentados en las calles. Bajo estas circunstancias, la de Manaos fue la segunda mayor masacre dentro de instituciones penitenciarias del Brasil en su historia (la primera: los 111 muertos en Caranduri, entonces la prisión más grande de América Latina, en Sao Paulo en 1992), y sería seguida de cerca por los 33 muertos que, ayer, 4 de enero, dejó un motín en otra cárcel, esta vez, en el estado de Roraima. (Vía: El País)

En los últimos meses, en las prisiones de Brasil han estallado varios motines que, según especialistas, han sido respuesta y reacción a otros: miembros de PCC vengan la muerte de sus compañeros con otros grupos y éstos reaccionan asesinando a otros… Sin embargo, las autoridades han querido desestimar estas interpretaciones, diciendo que se deben (como estamos acostumbrados en nuestro país) a “ajustes de cuentas” dentro de la misma prisión. (Vía: The Guardian)

La “Guerra contra las drogas” que lanzara el gobierno de los Estados Unidos sobre su país y toda América Latina, seguida de la “mano dura” (penas más largas por delitos menores y no violentos relacionados con el uso, posesión o tráfico de drogas), han provocado una tensión constante en los sistemas penitenciarios de todo el continente: cárceles sobrepobladas y una aplicación de la ley racializada (en Brasil, más del 70% de la población carcelaria es afro-descendiente, según las mismas autoridades) y cargada contra los sectores más desprotegidos de la población generan y multiplican tensiones por los pocos recursos que significan, también, poder dentro de esos espacios. (Vía: Lebrón, “Mano dura…”)

Michel Temer, el presidente brasileño con la peor aprobación popular desde que existen los medios para medirla y que se ha caracterizado por aplicar una larga serie de medidas de “austeridad”, tras días de las masacres, no comentó nada ni a medios ni al pueblo brasileño fuera de que fue “un terrible accidente”, ante lo que fue ridiculizado en medios y redes. (Vía: The Guardian)