Migrantes en la era Trump: deportaciones y albergues sobrepoblados

Desde que comenzó su campaña para la presidencia de los EE.UU., en julio de 2015, Donald Trump tenía en la mira a los inmigrantes “ilegales”, particularmente a los “mexicanos” —y entrecomillamos “mexicanos” porque no fueron pocas las ocasiones en las que el mismo candidato dejó en claro que, para él, “mexicano” es igual a salvadoreño, hondureño, costarricense, guatemalteco o mexicano. Junto con el muro, la promesa de deportar a todos los migrantes fueron dos de sus promesas que mejor funcionaron con el electorado que, finalmente, lo vio tomar posesión el pasado viernes.

Sin embargo, Trump sólo añadía un abierto racismo a una política de deportación masiva que el gobierno de Barack Obama iniciara desde 2009: según números de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), en los ocho años de la administración Obama, cerca de 3 millones de migrantes fueron deportados, y, de ese número, un muy buen porcentaje eran mexicanos. Esta situación ha puesto en un estado crítico a los albergues para migrantes que, en la mayoría de las ciudades fronterizas, dan resguardo a quienes la Policía Fronteriza entrega al INM. (Vía: Milenio)

Muchos de estos albergues rebasan por mucho su capacidad y, aquellos que son administrados por asociaciones civiles o religiosas, sufren acoso constante de los cárteles, y en los que administra el INM, han denunciado en varias ocasiones los mismos migrantes, son las mismas autoridades las que los acosan. Ciudades como Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, han visto reducirse el número de albergues debido al incremento de la violencia, mientras que en Ciudad Juárez y Tijuana, por ejemplo, la llegada de una ola migratoria de ciudadanos haitianos y cubanos (que buscaban cruzar antes de que Obama cancelara la ley de “pies secos, pies mojados”) ha puesto a éstos en una situación crítica. (Vía:  Excélsior)

Apenas el año pasado, en un debate con la audiencia, anunciaba que las autoridades migratorias estadounidenses no deportan a nadie que no cometa un delito, y en esto se parece, en cierta medida, a las declaraciones de Trump (sólo que, para el último, todos los migrantes, sin excepción, son criminales): el principal problema de esta argumentación es que el sistema penal estadounidense está, sistemáticamente, pensado para que las minorías sean afectadas más fuertemente por delitos menores, como “vagancia”, posesión de drogas (incluso en estados que han legalizado su consumo) o no pagar multas de tránsito o administrativas; así, el “cometer un delito” puede significar muchas cosas, deja la puerta abierta a muchas cosas…

Si el recién envestido presidente de los Estados Unidos sigue sus promesas de campaña, habremos de tener, en los próximos meses, una crisis no sólo laboral y económica, sino humanitaria: ¿el Estado mexicano tiene las herramientas y la voluntad política para hacer frente a una segunda ola de deportaciones masivas?