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Isidro Baldenegro, líder y ambientalista rarámuri, es asesinado; hasta el momento, no hay detenidos

Isidro Baldenegro, activista y líder rarámuri que constantemente vivió bajo amenazas de muerte e, incluso, salió al exilio por ellas, fue asesinado el fin de semana. De visita con familia suya en la pequeña localidad de Coloradas de la Virgen, Chih., un sujeto disparó contra el ambientalista en seis ocasiones.

Aunque el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, informó el día de ayer, 18 de enero, que se tenía localizado al homicida, aunque, incluso “todo mundo sabe su nombre y sus apodos”, no se han generado las carpetas para su investigación, aunque, no dejó de insistir, “ya se le tenía localizado”. (Vía: Sin Embargo)

El papel de Baldenegro en la defensa de los bosques de la Sierra Madre Occidental le llevó a confrontar directamente a bandas del crimen organizado involucradas en la tala clandestina. En 2003 fue acusado de “posesión de armas de uso exclusivo del Ejército” y de drogas, por lo que pasó más de un año en prisión. La presión ejercida por decenas de colectivos y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional fue la que logró que fuera exculpado y regresara a defender de la tala clandestina los bosques de su localidad. (Vía: Proceso)

En 2005, fue galardonado con el premio Goldman, otorgado a aquellos que aún a costa de su integridad personal luchan contra el daño ambiental. Isidro no es el primer galardonado con este premio internacional que es asesinado por su lucha ambientalista: en marzo del año pasado, la líder indígena hondureña Berta Cáceres también fue asesinada por su oposición a una presa hidroeléctrica. 

El paralelo de los casos de Cáceres y Baldenegro no es gratuito: en América Latina, tan sólo en 2015, 122 activistas ambientales han sido asesinados por su labor. Comunidades enteras, como Cherán, en Michoacán, se han visto constantemente amenazas por impedir la tala clandestina de sus bosques sin que las autoridades hagan algo ni para frenar la tala ni para proteger a quienes han sido amenazados. (Vía: The Guardian)

Peniche Espejel ha informado que la investigación no ocurrió sino hasta días después de ocurrido por el difícil acceso a la comunidad, pero ¿no debería de ser una responsabilidad del Estado garantizar un acceso rápido a la justicia para todos?