Un informe sobre Desapariciones de Personas en el Estado de Coahuila de Zaragoza revela que la desaparición de personas es una práctica común en ese estado. Las personas más afectadas son jóvenes y quienes transitan por caminos y carreteras. Además, la respuesta de las autoridades ante la desaparición desincentiva las denuncias por desaparición.
El estudio fue llevado a cabo por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota y la UNAM. Se analizaron 729 registros, provenientes en su mayoría del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (CDHFJL), de personas desaparecidas en Coahuila entre 2001 y 2007.
Existen 729 casos documentados de desapariciones forzadas en Coahuila, informa el Observatorio sobre la Desaparición e Impunidad. En el 26% de los casos se han visto involucrados agentes estatales. pic.twitter.com/Pf2bFsRkGA
— Nora Patricia Jara (@NoraPJara) March 14, 2018
De dichos casos, la edad de las víctimas se conoce en el 84%. La más joven es un bebé de seis meses y la de mayor edad es una mujer de 80 años. Sin embargo, los casos se concentran en edades de los 17 a los 37 años. La media general es de 29 años y la que más se repite es de 26 años.
De 331 personas cuyas ocupaciones se conocen, el 27 por ciento se dedica al comercio. Le sigue la ocupación de choferes y transportistas de mercancías con 15 por ciento, lo cual tiene que ver con los caminos y carreteras que transitan: las personas en tránsito son un grupo particularmente vulnerable.
En el 45 por ciento de los casos, las desapariciones ocurrieron en casa de la víctima.
De acuerdo con el reporte, las familias no identifican situaciones previas que se relacionen con la desaparición de sus seres queridos en 87 por ciento de los casos. No obstante, una situación recurrente es aquella en la que la persona desaparecida se negó a participar en actos ilícitos y, ante ello, recibe amenazas.
Las pocas personas que han aparecido refieren “actos de tortura constantes, traslados a diversos centros de detención (públicos y privados), ser forzados a cometer actos ilícitos e incluso ser usados como ‘carne de cañón‘ en los enfrentamientos con fuerzas armadas”. Además, víctimas y sus familiares refieren que las autoridades tratan de desincentivar las denuncias. (Vía: Aristegui Noticias)