No ha pasado ni un mes del asesinato de la periodista Miroslava Breach, de las marchas en distintos estados del país, del informe de Artículo 19 con demandas puntuales al Estado mexicano para contrarrestar la violencia contra los periodistas, cuando Maximinio Rodríguez Palacios, de 74 años, recibió al menos 15 disparos, muriendo al instante en el estacionamiento de un centro comercial en La Paz, Baja California Sur, el pasado viernes 14 de abril.

 

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maximinio asesinato

Max, como le decían sus amigos,  fue vocero del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, trabajó como corresponsal de El Heraldo y Excélsior. Desde 2014 colaboraba dentro del Colectivo Pericú, con su columna “Es mi Opinión” dedicada a temas de seguridad y política. (Vía: El Universal

Maximinio Rodríguez había recibido amenazas desde el 2016, llamadas telefónicas y mensajes de intimidación en su propia columna de opinión. Incluso el Colectivo Pericú había sido amenazado con un narcomanta el pasado mes de noviembre.

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El 11 de abril en su columna Es mi opinión, mencionó el nombre de la persona que dirige una célula criminal llamada “Los Colores” y dos ejecuciones recientes cometidas contra elementos de la policía ministerial y estatal, y se lee en uno de los comentarios de ese mismo día: cuidado putito periodista vendido chayote ro corruptos ya están matando agentes ministeriales, policías estatales Lic. Del m.p. Ahora no más faltan que empiezen a matar periodistas chayoteros corruptos que agarran bando pinche max aguas [sic]”. (Vía: Artículo 19)

maximinio artículo 19

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una carpeta de investigación por el asesinato del periodista, además de que se integró una célula de investigación por peritos de varias especialidades de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) para llevar la investigación y recolección de pruebas.

En seis años, la Feadle ha ha resuelto tres casos de 800 carpetas de investigación abiertas. (Vía: Sin Embargo)

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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha condenado los hechos y Comisión Nacional de los Derechos (CNDH) ha solicitado a la Secretaría General de Gobierno de Baja California Sur implementar las medidas cautelares necesarias para proteger la seguridad de los familiares del periodista.

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