Matrimonio igualitario será parte de la Constitución de CDMX

El año pasado, una iniciativa de reforma constitucional  promovida por Enrique Peña Nieto buscaba legislar el matrimonio igualitario: hacerlo legal en todo el país y, así, garantizar la protección legal y social que el matrimonio civil provee a las parejas heterosexuales. Esta iniciativa llegó a las cámaras legislativas y quedó estancada en “la congeladora”, en parte por el rechazo de la cúpula eclesiástica y de los sectores ultraconservadores de la sociedad, que lanzaron protestas en todo el país a partir de una campaña de desinformación masiva.

Mientras esto ocurría en la legislación federal, el constituyente capitalino se encontraba redactando la que será la Constitución de Ciudad de México. Han sido muchos temas  de ese proyecto los que han alcanzado titulares nacionales: desde el “impuesto” a la plusvalía, hasta los “demasiados” derechos que buscan promover varios constituyentes. Uno de éstos, que ya había sido garantizado en la legislación del Distrito Federal, corría riesgo de ser eliminado de la constitución: el matrimonio igualitario. (Vía: Animal Político)

 

Diputados constituyentes del Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Encuentro Ciudadano y otros partidos buscaban eliminar de la redacción la ampliación del derecho, sin embargo, la presión de varios colectivos y asociaciones civiles logró que sólo quedara en un intento: con 68 votos a favor y 11 en contra, se aprobó la redacción del artículo 16, inciso H, número 2: (Vía: Huffington Post)

Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil.

El voto en contra se concentró, principalmente, en las bancadas del Verde Ecologista, Acción Nacional y unos cuantos diputados del Revolucionario Institucional. (Vía: El Universal)

 

A pesar de que, en últimos años, se ha logrado avanzar en la defensa de los derechos igualitarios en el país, México es uno de los últimos países en América Latina en aprobar legislaciones semejantes.