Ley General de Desaparecidos: una deuda pendiente en el Congreso

El término desaparecido abarca, en sí mismo, muchas diferencias: no es lo mismo un desaparecido que ha decidido alejarse de su casa y familia, que un desaparecido capturado por secuestradores, que un desparecido tomado de la calle por las fuerzas del Estado, que un desaparecido que lo está por pensar diferente, por denunciar o exigir justicia. Los últimos diez años, durante el desarrollo de la “guerra contra el narco”, la población mexicana completa ha aprendido dolorosamente la diferencia legal y política de cada desaparecido, porque el duelo de cada familia, la búsqueda de cada uno de los desaparecidos son los mismos: voltear cada piedra y caminar cada vía hasta encontrarlos, como escribe Marcela Turati:

Miles son las madres o esposas que todos los días se levantan evocando al familiar ausente. No pasa día sin que ellas se pregunten si es torturado; si comió, si “lo están aprovechando”. En los días de lluvia “¿se estará mojando?”, y a la mañana siguiente “¿amaneció enfermo?” En noches tristes las atormenta pensar en su cuerpo tirado en cualquier monte. O si el ejército lo torturó hasta la agonía o lo tiene en una cárcel clandestina. (“Tras las pistas de los desaparecidos”, en Entre las cenizas)

 

Cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón, el número oficial de desaparecidos era de entre 10 y 15 mil, aunque muchos expertos suponían esos números apenas la mitad o un tercio de la realidad. Las miles de historias se replicaban en cada caso: la madre, el padre que busca no sólo a su hijo, sino a los dos o tres de su comadre que murió, de su compadre que lo mataron, el jefe que mandó a su gente a un trabajo y nunca llegaron… Si el índice de investigación en los casos de homicidio es del 2%, el de los desaparecidos está, justamente, desaparecido: lo dicen los padres, las organizaciones civiles, los miles de cuerpos sin identificación que han aparecido en las miles de fosas comunes… (Vía: Animal Político)

Ayotzinapa puso en el centro de atención mundial un gobierno insensible ante las demandas de los familiares de desaparecidos: la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y centenares de asociaciones urgían al Estado a responder acorde a la crisis humanitaria que existía en el país, que distinguiera más allá del calificativo “desaparecidos”, que aceptara que casi treinta mil personas de las que nadie puede dar cuenta (más que el dolor de sus familias) no es normal, no es un “daño colateral”, no es “porque de seguro andaban en algo”.

 

Lo ocurrido tras la noche del 26 de septiembre del 2014, los desaparecidos se hicieron presentes en las calles, abrazaron a las miles de madres que llevan miles de kilómetros buscando: los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; el tratamiento crudo, inepto, del entonces procurador general; la represión sistémica de cada marcha y cada protesta, y la respuesta de colectivos, de la sociedad completa para no soltar, para seguir contando los días en los que ni ellos ni los otros tantos miles seguían sin aparecer. Todo forzó al Ejecutivo y a la clase política a reunirse con los centenares de asociaciones de los “otros desaparecidos”, con los padres de esos desaparecidos y escuchar.

Desde esa organización de familiares, de víctimas, surgió la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición de Personas Particulares, una propuesta de ley que, prometieron los legisladores, se trataría “con la urgencia que ello amerita”, el límite para que esa ley pudiera ser legislada era febrero de este año. La respuesta del ejecutivo fueron dos leyes que, como ocurre siempre con la legislación propuesta por Presidencia, fue recibida con críticas por sus fallos, por su propuesta unilateral y no dialogada con esas mis víctimas que, supuestamente, habían escuchado, habían visto a la cara y les habían prometido que “harían algo”. (Vía: Comité Cerezo)

Hoy, diez meses después de ese límite legislativo, ninguna de las propuestas ha sido discutida, votada y, menos, aprobada. Hoy, todo apunta que un proyecto (hecho con las prisas del final del periodo ordinario de sesiones) va a ser aprobado, de nuevo, sin presentarlo a las mismas víctimas que, supuestamente, habrá de legislar, sin atender una sola de las recomendaciones y exigencias de colectivos, de organizaciones civiles e internacionales, sin siquiera cumplir a cabalidad los requisitos mínimos con los que el Estado se ha comprometido tras la firma de acuerdos y tratados. (Vía: Aristegui Noticias)

Las demandas son contra el silencio y el olvido, contra la normalización: porque no es “normal” que más de 30 mil personas no estén, porque no es “normal” que las autoridades encargadas de su seguridad decidan no encontrarlos, porque no es “normal” nada de lo que ha ocurrido en los últimos diez años, porque no es normal que decenas de miles de madres, de padres, de familiares, estén volteando cada piedra, seguros de que su hijo está vivo, que su padre, que su madre, que su amigo esté vivo:

Escuchándolas queda claro que a los desaparecidos no se los lleva el viento. No se los traga la tierra. No desaparecen de la nada. No son personas a quienes alcanzó un brote contagioso de Alzheimer y olvidan el camino a casa. Alguien se los lleva y ellos generalmente dejan pistas. Pero quienes están obligados a investigarlas no lo hacen. Está ahí Gloria Aguilera, pidiendo respuestas por su esposo Julián Urbina Torres y sus hijos Julián Edwin y Geovanny, los agentes de tránsito desaparecidos el mismo día. Durante semanas quedó noqueada en cama, sin deseos de contestar el teléfono hasta que sintió que su misión era buscarlos. En eso ha andado de la mano de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), centro dirigido por la religiosa Consuelo Morales, y de sus compañeras, muchas como ella, madres y esposas de policías o, por el contrario, de víctimas desaparecidas por policías. (Turati, Entre las cenizas)

 

 

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