La SCJN exige que se hagan públicos los datos sobre espionaje telefónico

En un giro sorpresivo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ha exigido al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y al gobierno federal que hagan público el número de intervenciones de comunicaciones que realizaran sin ninguna orden judicial en 2014, esto, tras la negativa del gobierno de Enrique Peña Nieto a la solicitud hecha por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

Con diez votos a favor y uno en contra, la SCJN rechazó el principal argumento hecho por la Consejería Jurídica de la Presidencia: no podía publicar las estadísticas por cuestiones de seguridad nacional. Desde R3d, pasando por el INAI y los mismos jueces, argumentaron que estas estadísticas no violan ningún plan de seguridad nacional, ni comprometen la integridad de los sujetos vigilados. (Vía: Proceso)

R3D y otros organismos no gubernamentales han denunciado el incremento indiscriminado en la recolección de datos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del CISEN: durante todo el gobierno de Felipe Calderón se solicitó la intervención de 340 líneas telefónicas, mientras que tan sólo en el 2014, el gobierno federal pidió que 747 comunicaciones privadas fueran vigiladas a lo largo de casi un año completo (por 360 días). (Vía: El País)

Uno de los mecanismos que ha utilizado el gobierno federal para incrementar sus capacidades de investigación, además de la adquisición ilegal de software “espía”, es la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contras la que diversas organizaciones civiles han promovido juicios de amparo y de inconstitucionalidad. Esta ley, entre otras cosas, exige a las empresas de telecomunicaciones guardar todos los metadatos (geolocalización, números a los que llama y que le llamen, etc.) de todos sus usuarios hasta por dos años, la SCJN determinó en mayo de este año que el acceso a estos metadatos tiene que ser por medio de una orden judicial, pero las autoridades no requieren una para vigilar la ubicación de cualquier persona en tiempo real porque, de acuerdo a la argumentación de la corte, lo que se vigila es un teléfono, no a una persona. (Vía: R3D)

Frente a un Estado que va articulando un aparato de espionaje tan amplio y libre (para hacer lo que quiera), la determinación de la SCJN y el activismo constante de ONGs como R3d es un avance positivo para defender no sólo la privacidad de los ciudadanos, sino su misma integridad frente al gobierno.

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