En Hidalgo, “errores en la investigación” dejan libre a un pastor pederasta

La historias sobre abuso sexual siempre son delicadas, no sólo porque hay un riesgo constante de revictimizar a quien denuncia (quien, ya en el proceso penal y judicial se ha enfrentado infinidad de veces a ese proceso traumatizante), también porque pareciera que es la misma historia repetida un sinfín de ocasiones: un familiar o una persona cercana que abusa de una menor, un sistema penal que desestima la denuncia, un violador que queda libre, que, muchas veces, ni siquiera pisa la cárcel.

En Pachuca, Hgo., desde 2010, un pastor cristiano abusó por cuatro años de una niña que, en el momento del primer ataque, tenía 14 años; hoy, una estudiante universitaria, la demandante ha pasado por su propio infierno personal antes, siquiera, de enfrentarse al proceso de una demanda penal.

Dos demandas, plantadas por la familia de la víctimas después de años de abuso por parte del pastor, en 2013 y 2015 fueron recibidas por el Ministerio Público estatal, lo que llevó a un largo proceso judicial que, según la procuraduría estatal, fue una investigación de un año y medio, sin ofrecer muchos resultados. La orden de aprehensión de Jorge Yescas, el acusado, fue promulgada en agosto del 2015, para lograrla, fueron presentadas como evidencia conversaciones en Whatsapp, exámenes psicológicos de la demandante y una larga serie de amenazas que la familia recibió una vez que hicieron pública la demanda en 2013. (Vía: Animal Político)

Sin embargo, apenas fue publicada la orden, el pastor ya tenía un amparo, que fue procesado sin retrasos y aprobado por el poder judicial, lo que le permitió no ingresar a prisión e, incluso, cuestionar la “legalidad” de la investigación, pues hubieron errores y omisiones durante ésta que alteraron el debido proceso, tras lo que, finalmente, pudo evadir todos los cargos. (Vía: Aristegui Noticias)

 


Pasó casi año y medio desde esa investigación, un año y medio en el que Yescas constantemente acosó tanto a la demandante como a su familia e, incluso, logró hacer que la adolescente firmara una carta legal, construida por su abogado, en la que renunciaba a toda acusación y proceso judicial contra el imputado. A través de engaños y con casi cuatro años de abuso psicológico detrás (y sin ninguna institución estatal que ofreciera asistencia legal, médica o psicológica, a pesar de que existe y funciona el Instituto de la Mujer de Hidalgo), el abusador pudo, sin mucho problema, convencer a la joven.

México es uno de los pocos países en los que existen (en el papel) mecanismos legales, penales y de derechos humanos, a través de los cuales las mujeres pueden accesar a una vida libre de violencia. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia constantemente es revisada, actualizada y publicitada como un “gran avance” y, sólo en el sentido legislativo, lo es: es una ley de avanzada y ha sido ejemplo para la construcción de otras legislaciones a nivel mundial. Sin embargo, no se ejerce ni se practica en la vida cotidiana de millones de mujeres violentadas: los MP siguen revictimizando, las policías siguen agrediendo, violentando y obstruyendo el trabajo de defensores de  derechos humanos, los albergues e instituciones seguras carecen de fondos y el aparato judicial constantemente comete errores que, como en este caso, dejan que violadores sigan libres.

¿México, en algún momento, estará a la par de sus mismas leyes?

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