Espionaje electrónico en México sin control ni justificación

A mediados del 2015, la compañía italiana de “seguridad cibernética” (que, en realidad, vende espionaje digital a empresas y gobiernos), Hacking Team, fue hackeada y cientos de documentos sobre sus clientes y sus servicios fueron “colgados” en sus redes sociales. No había que buscar mucho para descubrir que el mejor cliente de la compañía era México: decenas de agencias estatales, procuradurías, el Ejército y hasta Petróleos Mexicanos. (Vía: Animal Político)

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) emprendió un análisis de los documentos desde el primer momento en que se supo de estos contratos: solicitó cientos de veces -no es exageración: en su reporte hay cientos de solicitudes de información-, a las entidades involucradas con Hacking Team para averiguar la forma como fue adquirido el software y la utilización del mismo en investigaciones judiciales. Después de un año y medio, R3D pudo publicar su reporte El Estado de la vigilancia. Fuera de control, y lo que encontró no es nada alentador.

 

Hay graves problemas, incluso constitucionales, con la sola posesión de estos programas: la Suprema Corte ha decretado en varias ocasiones que sólo ciertas dependencias pueden hacer uso de software que viole la privacidad de los ciudadanos, además que éstas tendrían que hacerlo con estricto apego al estado de Derecho: es decir, habiendo seguido los mecanismos judiciales: solicitar una orden de un juez, determinar el crimen que están persiguiendo y, finalmente, procesar o exculpar al sospechoso. Sin embargo, esto no ocurre en más del 99% de los casos, de acuerdo a R3D: por ejemplo, en las pocas entidades que estas órdenes fueron solicitadas, como Veracruz, de dos mil 339 expedientes, sólo se consignaron 9 casos.

Este software tampoco es barato: en total, México le pagó a Hacking Team casi seis millones de euros hasta 2015, de éstos, casi millón y medio fueron gastos expedidos por el CISEN y otras dependencias de la Secretaría de Gobernación. Muchas de las dependencias que registraron compras a la empresa italiana declararon haberlo hecho para darle herramientas a sus procuradurías en casos de secuestro, sin embargo, cuando éstas procesan menos de una decena de casos en los que utilicen los servicios, el gasto resulta extraño: ¿de verdad una procuraduría estatal gastaría casi un millón de pesos en cada caso? (Vía: Animal Político)

La sospecha de R3D, que se basa en los documentos entregados por las dependencias estatales, es que estas herramientas están siendo utilizadas por los estados y algunas instancias federales para vigilar a los ciudadanos de a pie o, incluso, a activistas, periodistas y opositores políticos. (Vía: r3d.mx)

Cuando las procuradurías estatales han demostrado una y otra vez la utilización política de la administración de la justicia, que se hagan de herramientas que puedan registrar el uso de la información digital de cualquier usuario es algo alarmante para todos.

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