Los gobernadores de algunos de los estados más golpeados por la ola de violencia del 2016 (y que, también, están estrenando puesto con índices de aprobación reprobatorios), se reunieron con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para presionar que sea votada en el pleno de San Lázaro la Ley de Seguridad Interior, que busca regular al Ejército y la Marina. (Vía: Universal)
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas, Silvano Aureoles, nuevo gobernador de Michoacán y Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, atendieron una reunión con diversos diputados de las comisiones de Seguridad, Gobierno y Puntos Constitucionales.
El apoyo de estos gobernadores en un momento en el que ONGs como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, colectivos de familiares de víctimas y desaparecidos e, incluso, la visitaduría de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se han declarado en contra de la Ley de Seguridad Interior, pues regulariza el estado de excepción que se ha vivido en México los últimos 10 años. (Vía: Sin Embargo)
La insistencia con la que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el de la Secretaría de Marina (SEMAR) y otros miembros del gabinete también han presionado la aprobación de una ley que afectaría en lo más profundo la vida cotidiana de millones, la seguridad y los mismos procesos de socialización del país completo ocurre, también, durante la víspera de un proceso electoral que es la antesala (y laboratorio) de las campañas presidenciales del 2018. (Vía: Proceso)
Respeto a las Fuerzas Armadas; los soldados son pueblo uniformado, cuando triunfemos no se utilizará al Ejército para reprimir al pueblo.
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 20 de marzo de 2017
La presencia constante de dos personajes, Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, y sus declaraciones en eventos que, dicen, no son de campaña, han vuelto a colocar en el centro de la discusión el papel del ejército y las decisiones presidenciales que nos llevaron a la situación que vivimos hoy en día.
La semana pasada, al ser cuestionado por uno de los padres de los 43 de Ayotzi sobre el apoyo que diera al exalcalde de Iguala, Manuel Abarca, y al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, López Obrador (tras un par de declaraciones que siguen siendo “discutidas”) le respondió que tendría que preguntarle a Peña Nieto y al Ejército, no a él.
En semanas anteriores, AMLO había estado lanzando declaraciones contra las acciones cada vez más “espectaculares” de la Fuerzas Armadas: el operativo en Tepic donde la Marina utilizó un helicóptero artillado en plena zona residencial, por ejemplo, y ha estado recordando las constantes violaciones de derechos humanos sobre las que, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) han lanzado recomendaciones, amonstaciones y preocupación: Tlatlaya, Apatzingán y la omisión del Ejército para actuar en la Noche de Iguala, que reveló la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Las declaraciones de AMLO fueron respondidas por los actores políticos “de siempre”: desde la plana mayor del Revolucionario Institucional, hasta la de Acción Nacional, pasando –como te lo informábamos– por Osorio Chong y una retahíla de indirectas del presidente Peña Nieto,
Mientras eso ocurría, en entrevista con Jorge Ramos, Margarita Zavala trató de articular algo semejante a una respuesta cuando el periodista le preguntó si la decisión de su esposo de lanzar la “guerra contra el narco” había sido una correcta. La intención era clara: evidenciar la “irresponsabilidad” de López Obrador al hacer esas declaraciones.
Hasta aquí no hay mucha noticia, más que una serie de declaraciones esperadas y el ataque casi planeado de toda la clase política contra un personaje que ha sido el objeto de sus ataques desde el 2000. Sin embargo, esta vez el Ejército mexicano se lanzó a la discusión, a una discusión claramente electoral, para “defenderse” de las declaraciones de AMLO. (Vía: El Universal)
Por diez años, el ejército ha sido objeto de críticas de opositores no de la institución en sí misma, sino de la estrategia política que busca “acabar” con los cárteles a partir del enfrentamiento bélico; pero también de la total impunidad con la que se comportan los altos mandos sobre los soldados de “base” al momento de hacerse investigaciones sobre abuso de derechos humanos; pero también de los costos presupuestales que siguen incrementando el presupuesto de la SEDENA y la SEMAR sin haber resultados claros de disminución de la presencia de los cárteles en todo el territorio nacional. (Vía: Animal Político)
Las quejas en contra de @SEDENAmx ante @CNDH han disminuido de 2012 a la fecha 68% asegura General Jose Carlos Beltrán @EfektoNoticias pic.twitter.com/7uS07XiknM
— G. Espinosa (@Guiesga) 22 de marzo de 2017
La intrusión del vocero de la SEDENA en territorio electoral es un antecedente peligroso: no son sólo los numerosos casos de abuso de fuerza, de violaciones de derechos humanos (que el vocero ha decidido no ver, no recordar o ni siquiera saber de su existencia), o el número creciente de víctimas “colaterales” en medio de la guerra; lo peligroso de estas declaraciones va de la mano del todavía muy alto porcentaje de aprobación que tienen las fuerzas armadas entre la población general.
Sin una policía confiable y sólo con el ejército como apoyo a una población abandonada por el Estado, que las encuestas sigan demostrando, a pesar de la larga lista de abusos de las fuerzas armadas, que la gran mayoría de la población quiere que sigan en las calles les otorga un espacio para mantener su conducta, su impunidad en la cadena de mando y que incrementen un poder que podría convertirse en capital político (y electoral) para las siguientes elecciones federales.
¿El ejército se convertirá en una fuerza electoral?, ¿se estará terminando el simulacro democrático en el país?
