Más de 32 mil desaparecidos, indica el último corte de la RNPED

Cada cifra, cada número, tiene un nombre y una historia, entonces cómo leer las cifras de desaparecidos sin dejar de lado la historia personal de cada mujer, niño, joven, para tratar de entender la historia de la impunidad y la injusticia que es construida en este país.

El día de ayer se hizo pública la última actualización de los registros sobre personas reportadas como no localizadas por parte del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Secretaría de Gobernación,  32 mil 218 personas y de hecho, es la primera vez que se rebasa  el número de los 32 mil casos. (Vía: La Jornada)

Pues en el corte estadístico anterior (enero de 2017), la suma nacional fue de 30 mil 942 casos de personas no localizadas o desaparecidas. Es decir, que en un trimestre hubo mil 276 registros adicionales.

Sin embargo hay varios detalles que es necesario precisar respecto a las estadísticas. En principio, los datos no aclaran cuántas personas han sido localizadas y tampoco se sabe cuántos expedientes son nuevos. También es importante mencionar que el registro tampoco señala cuántas de estas personas fueron desaparecidas de manera forzada, se extraviaron o incluso saber si dejaron su hogar de manera voluntaria.

Un estudio realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano llamado “El Registro estadístico de la Desaparición: ¿Delito o circunstancia?” señaló que el problema principal identificado en varias bases de datos sobre casos de desaparición, es que éstas son resultado de “sentencias y casos coyunturales y no de una estrategia,  lo da como consecuencia instrumentos incompletos que solo buscan satisfacer una obligación internacional. (Vía: Animal Político)

En la estadística no hay más detalles; sólo se expone, para los casos a cargo de las procuradurías y fiscalías estatales, el acumulado local: Tamaulipas, 5 mil 657 casos; estado de México, 3 mil 754; Jalisco, 2 mil 744; Nuevo León, 2 mil 501, y Sinaloa, 2 mil 444.

Por último la ley general de desaparición forzada, que podría ratificar la Cámara de Diputados, incluye un sistema nacional de búsqueda y una comisión nacional respectiva, coordinada por la Secretaría de Gobernación y obligaría a elaborar un registro nacional de fallecidos, así como otro de fosas, entre otros factores, con el objetivo de detener y combatir este delito. 

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