Organizaciones vecinales de las 16 delegaciones de la CDMX han interpuesto un amparo indirecto en contra del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), pues, según su interpretación, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALCDMX) y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aprobaron el programa saltándose el debido proceso.

El PGDU aún no ha sido dictaminado, es decir, aún no se convierto todavía en parte de la legislación capitalina, sin embargo, está a nada de serlo; para que éste fuera aprobado de acuerdo a la ley, el jefe de gobierno tenía que haber enviado la propuesta de ley a una consulta ciudadana con los pueblos y y barrios indígenas y, del resultado que se haya logrado en ella, se enviaría a la Asamblea Legislativa para su dictamen o, en caso de que no se haya votado (como fue el del PGDU), tendría que regresarse al ejecutivo con la orden de ser puesta a consulta, tal como lo indica la recientemente aprobada Constitución de la CDMX.

La consulta, dicen autoridades de la CDMX, sí se llevó a cabo, pero los vecinos argumentan que nunca hubo noticias de ello y los asambleístas que acompañaron a los vecinos (todos de la bancada de Morena), reiteraron que, por lo nimio de los resultados, no podía ser vinculante.

Este tipo de consultas ciudadanas no sólo forman parte de la Constitución de la CDMX, sino también de varios tratados internacionales que el gobierno mexicano ha firmado a lo largo de los años, por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas. (Vía: Reporte Índigo)

Cuando el PGDU fue presentado al Pleno de la ALCDMX, los vecinos que ahora han promovido el amparo, acusaron que el gobierno de la ciudad da preferencia a los grandes desarrolladores inmobiliarios en un afán de redensificar zonas que habían sido protegidas por leyes y acuerdos vecinales que no habían sido alterados. (Vía: Proceso)

En aquella presentación, los vecinos directamente afectados asistieron a la Asamblea Legislativa y abuchearon a la secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, y al asambleísta del PRD, Raúl Flores, quienes tuvieron que abandonar las instalaciones ante la presión vecinal. (Vía: El Universal)

Esta medida legal es el primer paso que se ha dado, además de la constante presión de los manifestantes, para frenar los cambios de uso de suelo que han favorecido a los “megaproyectos” habitacionales de la CDMX. A pesar de éste, en la ALCDMX se espera que la ley sea dictaminada a más tardar en octubre de este año.

Raúl Cruz Villanueva, trabajó en el proyecto de Plumas Atómicas sin embargo recibimos información por abuso de poder en contra de unas de sus alumnas que nos obligo a actuar en congruencia. Adicional...

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