La Constitución de CDMX enfrenta 8 acciones de inconstitucionalidad

La Constitución política de la Ciudad de México fue publicada hace poco más de un mes, el 5 de febrero. El proceso para redactarla fue controversial, tanto por ciertos artículos que fueron recibidos tendenciosamente por algunos medios, como por la pregunta constante de cómo garantizar todos los derechos que en la nueva Carta Magna se proclamaban como tales. Las preguntas han seguido y, desde que fue publicada, esas dudas se han convertido en varias acciones de inconstitucionalidad.

Hasta el momento, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diferentes acciones de inconstitucionalidad, que van desde las definiciones de ciertos derechos, la contradicción (o choque) con conceptos de la Constitución federal, hasta la “ilegalidad” de la constitución por no haber sido sometida a un referéndum antes de su aprobación. (Vía: El Universal)

La construcción de una constitución es un proceso complejo, pues si bien es necesario que sea un proyecto viable, éstas se redactan (por lo general) en medio de crisis políticas y sociales, particularmente en el caso de las repúblicas latinoamericanas, que constantemente se refundan y reformulan sus contratos sociales; las constituciones son, entonces, también textos que permiten -a través de todos esos “idealismos”- imaginar el país y la sociedad que se busca ser eventualmente. Las constituciones políticas de 1857 y la de 1917 fueron constituciones de avanzada justo por proponer derechos y libertades no considerados en su momento, entraron en polémicas que, hoy, han quedado fuera de la memoria histórica. (Vía: Con distintos acentos)

Estas acciones de inconstitucionalidad son, en todo el sentido técnico y legal vigente, espacios válidos para levantar preguntas sobre la redacción de la Constitución y sobre su perfectibilidad (todo texto legal puede y tiene que ser adaptable a los cambios sociales que legisla), sin embargo, estas acciones van hacia lados más “pragmáticos”: por un lado, el titular de la PGR, Raúl Cervantes, ha declarado que estas acciones son “por el propio bien” de los capitalinos, como un padre que no cree que sus hijos decidan bien por ellos mismos; mientras, la lanzada por Morena busca hacer de los derechos humanos (universales e inalienables, según su misma definición) algo “votable” por los habitantes de la ciudad. (Vía: Animal Político)

La remoción del fuero (que municipios como Mexicali, BC, también han cancelado ya) ha sido el centro de otra de las acciones de la PGR, ¿será que la institución supuestamente autónoma, encargada de investigar y perseguir el crimen, está temerosa de tener que hacerlo dentro de sus propios pasillos?