La muerte de Berta Cáceres y el intervencionismo estadounidense en Honduras

El asesinato de la activista ambiental hondureña, Berta Cáceres, sigue sin ser resuelto, a pesar de que ya hay, por lo menos, ocho personas en prisión. Según una investigación del periódico inglés The Guardian, la forma como fue llevado a cabo su homicidio y los nombres que iban apareciendo recurrentemente, parece obra del aparato de inteligencia del ejército hondureño, que entrena a sus oficiales y fuerzas especiales en Estados Unidos, en la que fuera la “Escuela de las Américas”, un fuerte militar en Georgia que tiene la mala fama de reunir entre sus exalumnos a muchos militares latinoamericanos juzgados por crímenes de lesa humanidad. (Vía: The Guardian)

Cáceres fue una de las líderes de la oposición a la construcción de una presa hidroeléctrica que impactaría decenas de comunidades que rodean el río Gualcarque. A través de trabajo comunitario y legal, pudieron frenar por un tiempo el desarrollo de la presa, y, por sus acciones, le sería otorgado el premio Goldman en 2015. La resistencia de Cáceres no es la única en un país dominado por una muy pequeña élite empresarial con profundos vínculos con el ejército, sin embargo, fue la más visible en un país que, después del golpe de Estado de 2009, desaparecería de la agenda internacional. (Vía: El País)

 

Hoy, varias organizaciones comunitarias (campesinas, indígenas y otras tantas) están oponiéndose a la toma de sus tierras por empresas agro-industriales para el cultivo de cientos de héctareas de palma africana, de la que se produce aceite de palma, ingrediente central para muchos alimentos procesados y para la producción de biodiesel. Los enfrentamientos han llevado a la muerte de cientos de campesinos, a veces a manos del ejército y de “guardias privados” (mercenarios), a veces por “escuadrones de la muerte”, un elemento del pasado cercano del país, envuelto en una guerra “sucia” durante toda la década de los 80. (Vía: The Guardian)

Muchos de los problemas que enfrenta el país centroamericano, y que está obligando a muchos al exilio, vienen del apoyo incondicional del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tras el derrocamiento de Manuel Zelaya, los intereses de los empresarios hondureños fueron apoyados con recursos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Departamento de Estado: fondos federales para la “modernización” del campo, que, en la práctica, significaron la expropiación violenta de tierras comunales. (Vía: Rights Action, reporte 2013)

La muerte de Cáceres se suma a la de 124 desde la caída de Zelaya. La investigación del gobierno hondureño, tal como ha ocurrido con la del ambientalista rarámuri Isidro Baldenegro en México, ha llegado a un punto en el que parece que no avanzará más, y las investigaciones periodísticas, como la de The Guardian señalan algo que ha sido sabido por toda Latinoamérica: la relación profunda entre los ejércitos nacionales, las élites locales y los intereses estadounidenses. ¿Habrá justicia para Berta? ¿Habrá justicia para los 124 ambientalistas? ¿Para alguien?

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