¿Qué ha pasado en el #CasoDuarte?

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El día domingo 24 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó conclusiones de la investigación realizada contra las dos mujeres vinculadas con la red criminal de Javier Duarte y las empresas fantasma de Veracruz.

Se halló que el ex gobernador compró un rancho de lujo de nombre “El Rancho Las Mesas”, ubicado en Valle de Bravo, que cuenta con caballerizas y suites de lujo y que fue adquirido y remodelado con más de 200 millones de pesos que fueron desviados del presupuesto de las secretarías de Educación y Salud del estado de Veracruz. (Vía: Animal Político)

La acusación presentada por la PGR y Hacienda ante un juez federal, identifica a Duarte como “jefe de una estructura criminal”, en la que se han vinculado a, por lo menos, 8 personas más, que tenía la finalidad de lavar dinero público mediante las empresas fantasma que solo existían en papel.

Dicha acusación incluye el testimonio del abogado corporativo, Alfonso Ortega López, quien confesó la creación de varias empresas fantasma en los últimos 5 años, bajo las órdenes de Javier Duarte y Moisés Mansur.

La principal es una empresa que nombraron “Consorcio Brades S.A. de C.V.”, en la que aparecieron como accionistas las mujeres detenidas, EAP y NIAP (por sus iniciales ya que no se pueden revelar sus nombres). Esta empresa acordó con el empresario coludido, Mansur, el pago de 223 millones de pesos por la compra de 5 parcelas de unos ejidos de Campache en 2013 que en realidad tenían un costo de 200 mil pesos pero se tuvo que pagar a un gestor, Antonio Almazán, para convertir a Moisés Mansur en “ejidatario”. El abogado confirmó que la compra de los ejidos fue para simular mientras se lavaba el dinero y fue efectuada los días 22 de agosto y 28 de noviembre (Vía: Animal Político y Reforma).

En total, la PGR acusa a Duarte de blanquear 253 millones 300 mil 963 pesos, ya que también compró, en 2011, 2 propiedades en la colonia Lomas de Chapultepec por un total de 47 millones de pesos. (Vía: Animal Político)

Además, se realizaron cateos en 5 inmuebles de la Ciudad de México, en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán, con el apoyo de la Secretaría de Marina-Armada de México, la Policía Federal y la Agencia de Investigación Criminal, AIC por sus siglas (Vía: Proceso).

“Las órdenes judiciales de cateo tuvieron como propósito la obtención de datos de prueba con relación a las indagatorias abiertas por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal y otros”, señaló la PGR (Vía: Aristegui Noticias).