armas ilegales Alemania México

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El fabricante de armas alemán Heckler & Koch ha sido multado con 3.7 millones de euros por vender cerca de 4 mil 700 rifles de asalto a zonas de México que tenían restricciones por violaciones a los derechos humanos.

Además de la sanción millonaria, a dos empleados se les otorgó la libertad condicional, mientras que otros tres excolaboradores -dos de ellos directivos- fueron absueltos de los cargos.

De acuerdo con las acusaciones, la empresa obtuvo certificados de exportación fraudulentos, basados en testimonios dudosos de miembros de la Secretaria de la Defensa Nacional mexicana (SEDENA) sobre el destino final de los rifles de asalto.

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Entre 2006 y 2009 hubo al menos 16 transacciones de rifles G-36 por 4.1 millones de euros. Dichas armas llegaron a Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua.

La Audiencia Provincial de Stuttgart determinó que los agentes de ventas de Heckler & Koch sabían que las declaraciones de las autoridades de la SEDENA eran falsas, sin embargo, continuaron la transacción.

Es decir, entre las fuerzas armadas mexicanas y los fabricantes encontraron una manera de quebrantar los controles gubernamentales de Alemania para evitar la distribución de armas en zonas donde la violencia y la violación de derechos humanos es insostenible.

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La noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, se usaron al menos 7 rifles de la compañía alemana, según las evidencias de la Fiscalía de Guerrero, contra los estudiantes.

De acuerdo con información de Animal Político, la mayoría de las armas que fueron vendidas de manera irregular y que terminaron en Guerrero (cerca de 2 mil), acabaron en los municipios de Huitzuco, Cocula e Iguala, los cuales presentan graves índices de violencia y de complicidad entre autoridades y grupos criminales.

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La denuncia comenzó en 2010 cuando el activista alemán Jürgen Grässlin llevó a tribunales el caso.

Grässlin, a su vez, se enteró del fraude por un informante anónimo, quien también fue el principal testigo en el juicio, que aseguraba haber capacitado a integrantes del ejército mexicano en Guerrero y otras zonas prohibidas.

En el sitio web del activista se puede leer una frase al respecto:

Sabemos que la policía estatal en México, por lo menos una parte de ella, es corrupta, sabemos que las armas son utilizadas para callar a ciudadanos incómodos que se atreven a manifestarse en la calle. Sabemos que incluso estas armas acaban siendo destinadas a bandas criminales. Por eso la limitante impuesta por el gobierno alemán. Todo esto debió haberlo sabido la empresa Heckler & Koch desde un inicio“.