Aprueban en lo general el Presupuesto de Egresos para 2017

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Después de una discusión que no duró más de 15 minutos, los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 con 438 votos a favor, 36 en contra y ninguna abstención. Después de recibir 300 reservas, la Mesa Directiva dictará durante la noche y parte de la madrugada de este viernes (Vía: El Universal).

El dictamen avala un gasto para el año próximo de 4 billones 888 mil 892.5 millones de pesos.

¿Cómo se dividirá?

Los diputados reasignaron dentro del monto 67 mil 707 millones de pesos para el fortalecimiento de áreas prioritarios, como el desarrollo social, el campo, la justicia, el combate a la corrupción, la infraestructura y el ¿federalismo? (Vía: Animal Político)

Si bien se consideró asignar al Sistema Nacional Anticorrupción 5 mil 500 millones de pesos, al final se decidió destinar a la Auditoría Superior de la Federación 2 mil 200 millones de pesos, al Instituto Nacional de Acceso a la Información 956 millones y 2 mil 550 millones al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Para el desarrollo social, se asignó 64 por ciento del gasto programable, privilegiando programas dedicados a la reducción de la pobreza en el país como es Prospera, al que se le autorizaron 88 mil millones de pesos en beneficio de casi 7 millones de familias.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), hoy presidida por Aurelio Nuño, en 2017 recibirá un presupuesto de más de 267 millones de pesos.

En materia de justicia se otorgarán 69 mil 400 millones de pesos al Poder Judicial, es decir, 5 mil 800 millones adicionales a los entregados en 2016.

Por otro lado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirá un total de 263 millones de pesos, pero la Secretaría de Salud solo obtendrá 121 mil millones de pesos y el Seguro Popular 69 mil millones para atender a 65 millones de beneficiarios.

Estas adecuaciones fueron aprobadas por el pleno luego de que se disminuyeran los presupuestos presentados en su momento a los Poderes Legislativo y Judicial, así como al Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y otras dependencias federales (Vía: Proceso).