Policía del estado de México detuvo a Leonardo García, una fuente de Animal Político que hizo llegar a ellos información sobre un posible conflicto de interés en la asignación de obras y mantenimiento de las mismas en el Estado de Hidalgo.

Sin una orden judicial y acusándolo de ser reportero del sitio (ajá: lo ‘acusaron’ de ser periodista), policías del Estado de México lo detuvieron, supuestamente, porque una constructora señalada por Animal Político  había demandado a García por “difamación”. Fue trasladado a Hidalgo y presentado ante el juez que está revisando la acusación por difamación.

La audiencia se llevó ayer mismo y el juez dictaminó que, por no tratarse de un delito grave, podría seguir el proceso en libertad. Ajá: no se retiraron los cargos a pesar del evidente abuso de poder y del atropello al debido proceso, simplemente no tendrá que estar en la cárcel mientras se dictamina la resolución del caso.

Mientras, lo que denunció a Animal Político no es investigado.

¿Pues qué denunció Leonardo García?

Leonardo García, junto con varios ciudadanos hidalguenses, denunciaron un posible conflicto de interés del subsecretario de Obras Públicas del gobierno priísta de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno, y dos constructoras en las que poseen inversiones él y miembros de su familia.

La investigación de Animal Político llevó al descubrimiento de que sí, de acuerdo a los documentos y adjudicaciones estatales, el mismo Rico Moreno asignaba obras a sus propias empresas constructoras, Crimsa (de la que es accionista mayoritario) y Sylma (que, según consta en actas, es de su hermana, Sylvia Rico Moreno). El subsecretario fue juramentado desde 2011 en ese puesto por el anterior gobernador, Francisco Olvera, y fue ratificado en el cargo por Omar Fayad, actual mandatario hidalguense.

Un total de 273 construcciones otorgadas a las empresas de Rico Moreno tan sólo en el municipio de Zempoala, Hidalgo abren espacio a preguntar sobre la aplicación de las mismas leyes hidalguenses. Según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, los funcionarios públicos presentan conflictos de interés cuando: “ los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”. (Vía: Instituto de Estudios Legislativos)

 Además de mal funcionario, mal constructor

La denuncia de Leonardo y otros vecinos del Fraccionamiento Esmeralda I inició tras una denuncia en 2015, ya que el fraccionamiento completo presentaba varias deficiencias: alcantarillado, luminarias, infraestructura vial y otros problemas que fueron apareciendo conforme pasaban los meses.

Acuerdo que firmaron los vecinos con el empresario y funcionario público

Ante esto, los vecinos demandaron por fraude a la constructora Sylma pues, por la suma de los desperfectos sus casas ya no son habitables. A pesar de haber tenido una reunión con Marco Antonio Rico Moreno (como director de su empresa, no como funcionario público) y haberse comprometido pro escrito a solucionar los problemas y rehabilitar sus casas, nada de eso ha pasado.

Las denuncias y demandas de los vecinos han aumentado; ahora, ya han ejercido acción legal no sólo contra los hermanos Rico Moreno, sino también contra la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Territorial, la Contraloría, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (hermano del subsecretario de Obras Públicas) y hasta contra el gobernador, Omar Fayad.