El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que 66 penales, distribuidos en 27 estados son literalmente gobernados por los reos.

Los cabecillas de estos penales, extorsionan, coaccionan y cobran a otros reos por servicios como agua potable, lugares para dormir, trabajo, servicios médicos, así como por acceso a los espacios deportivos e incluso por tener visitas familiares y conyugales.

cárceles

Sin embargo, la crisis llegó a tal punto, que muchos de los reos que controlan los penales cuentan incluso con las llaves de las celdas, organizan labores de limpieza, el pase de lista y coordinan áreas y servicio. Este nivel de control les permite contratar a otros reos e incluso en algunos casos, manejar servicios sexuales, imposición de castigos y tráfico de armas y de drogas.

Asimismo, la CNDH detectó falta de personal de vigilancia dentro de los penales, incluso durante sus visitas no se les garantizó en muchos casos la seguridad.

El diagnóstico que presenta la CNDH sobre el autogobierno en los penales tiene que ver con problemas como la sobrepoblación, el hacinamiento, personal de custodia insuficiente, ausencia de un marco normativo y falta de imposición de disciplina en los penales. Esto por supuesto acompañado de la tolerancia y complicidad de las autoridades penitenciarias.

Cárceles controladas reos

Este problema se ha agravado con la creciente presencia de miembros del crimen organizado, quienes prácticamente siguen operando sus negocios dentro del penal. Además su capacidad económica les permite controlar rápidamente, tanto a las autoridades, como a los propios reos.

Las recomendaciones de la CNDH piden a los distintos niveles de gobierno retomar el control de las prisiones que se encuentran tomadas por los reos a partir de acciones concretas como: la aplicación irrestricta de la ley, contratando mayor personal, estableciendo medidas disciplinarias más rigurosas y reforzando las medidas de seguridad, todo esto el pleno respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. (Vía: Reforma)