A principios del 2012, en medio de uno de los momentos más violentos de la “guerra contra el narco” y una campaña presidencial que apuntaba a una polarización exacerbada en la población mexicana, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) logró una de sus victorias más importantes: la aprobación de la Ley General de Víctimas (LGV).

Ésta no sólo apuntaba los mecanismos para proteger a las víctimas y a sus deudos, sino que establecía, también, las obligaciones del Estado para responder y compensar sus fallas estructurales que dieran origen a la violencia misma que provocó la victimización. Si bien la LGV, como toda ley, podía -y debía– ser mejorada, las reformas que la madrugada del 14 de diciembre aprobaron diputados del PRI, PAN y sus satélites no sólo es una regresión, sino, incluso, una cancelación del impulso que creó la LGV en primer lugar.

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La discusión de las reformas a la LGV formó parte de una larga lista de legislaciones que la Cámara baja tenía que votar antes de concluir su sesión ordinaria que termina este viernes 16. Nadie esperaba que las aprobaciones fueran discutidas, pero la aprobación de estas reformas (que fueron enviadas de la Cámara de Senadores) fue un caso particular que deja, ahora, a los grupos de víctimas y de familiares de víctimas, en una incertidumbre legalizada. (Vía: Proceso)

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es un grupo autónomo colegiado que dirime los mecanismos legales para compensar y procesar las denuncias de victimización. A partir de la aprobación de estas reformas, se sustituirá por un titular, nominado por el Presidente y ratificado por el Senado; la justificación de estas decisiones es la “agilización” de la compensación y de los procesos de las víctimas: si ya no tiene que ser parte de un diálogo entre varios, las dictaminaciones “ocurrirán con más velocidad”. (Vía: Aristegui Noticias)

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Quizá el punto más peligroso de estas reformas, y que ha dado pie a que sean interpretadas como un “mensaje” político, es que se limita el derecho de las víctimas de solicitar la intervención de expertos extranjeros para sus casos, pues sólo se podría hacer “cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia”. Después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) y el grupo de antropólogos forenses argentinos derrumbaran la “verdad histórica” sobre la noche de Iguala. Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señalaron en el debate anterior a la votación que estos cambios van a impedir sistemáticamente, la consulta de este tipo de expertos para crímenes de Estado, como lo ocurrido en Nochixtlán o cualquier otro abuso de autoridad. (Vía: Aristegui Noticias)

La votación terminó con 302 votos a favor, por parte del PRI, PAN, Nueva Alianza, Encuentro Social y el Verde Ecologista de México, y 96 abstenciones del bloque de izquierda de la cámara (PRD, MC y Morena), luego de que, en la discusión de las enmiendas, todas y cada una fueran rechazadas por una aplastante mayoría. (Vía: El Financiero)

Hay una pregunta urgente que plantearle a quienes se dicen representar la izquierda: ¿los discursos en la palestra son el único medio que tienen para frenar cambios tan retrógradas y peligrosos como éste?, ¿por qué la abstención es una alternativa frente a la amenaza que pende sobre las víctimas que exigen justicia?