El “estado de excepción” es, en esencia, un momento en el que el Estado renuncia al derecho para proteger el mismo derecho: se suspenden garantías y derechos individuales en pos de defender al colectivo. Guerras, desastres naturales y, en pos de defender el status quo, la inestabilidad política y social, son, generalmente, la justificación en la legislación internacional para declarar la excepción. Hay un peligro constante con esta declaratoria: que sea utilizada para perpetuar, por medio de la fuerza, al poder, por eso mismo, en todo el mundo los mecanismos para que pueda ser decretado un “estado de excepción” son complejas y dependen de una discusión constante entre todos los poderes del Estado. (Vía: Agamben, Estado de excepción…)

La noche del 13 de diciembre, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó sin cambios un dictamen que venía de la de Senadores: la regulación del artículo 29 de la Constitución, en el que se delimita la “libertad” del presidente de declarar estado de excepción. Este dictamen llevaba casi cinco años en la “congeladora” legislativa: cuando todavía era presidente, y en medio del peor momento de su “guerra contra el narco”, Calderón y su grupo parlamentario propusieron “preparar” la declaratoria. Cinco años después, aunque ya fue aprobada por comisiones, falta que sea votada en el pleno. (Vía: La Jornada)

edo-excepcion

El documento que se aprobó en comisiones, establece que:

Cuando se decrete la suspensión de garantías, los derechos que se mantendrán vigentes serán: a la no discriminación; el reconocimiento de la personalidad jurídica; a la vida; la integridad personal; de la niñez; los derechos políticos; la libertad de pensamiento, conciencia y de profesar alguna religión; la prohibición de la pena de muerte.

Aun cuando las garantías se suspendan, se mantendrá la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y las detenciones arbitrarias; el derecho al nombre; a la integridad personal; a la protección de la familia; a la nacionalidad; al principio de legalidad y retroactividad; al trato humanitario y digno a las personas en prisión.

En ese periodo de excepción, deberán observarse en todo momento los principios “pro persona”, la no discriminación, la legalidad, la irretroactividad de las leyes y al debido proceso. (Vía: Noticias MVS)

En este sentido, siguiendo la lógica misma de la legislación, desde hace diez años, cuando el ejército fue lanzado a las calles, en México se vive un estado de excepción de facto: la seguridad pública está en manos de las fuerzas armadas, las libertades civiles están constantemente limitadas (desde la libertad de tránsito con los retenes militares hasta las más básicas como el derecho al nombre con los cientos de cuerpos sin identificar que han sido encontrados en fosas clandestinas) y, desde el discurso de políticos y medios, estos ataques a la población civil son justificables y hasta necesarios para poder “salvaguardar la integridad del Estado mexicano”. 

edo-excepcion

Que el aparato legislativo esté, ahora, dictaminando sobre la posibilidad de que el presidente “declare” estados de excepción no sólo resulta irónico, sino que empata en tiempos con el impulso que, desde los altos mandos de las fuerzas armadas y un grupo importante de legisladores, se le está otorgando al “marco jurídico” que regule el actuar del ejército en las calles. Todo esto, de nuevo, está ocurriendo diez años después de que en todo el país se esté viviendo un estado de excepción que no fue necesario nombrarlo así, pero que millones de personas experimentan a diario.

Si bien el líder priísta en la cámara de diputados, César Camacho Quiroz, anunció que “no está seguro” si el grupo legislativo de su partido llevará la minuta al pleno para su aprobación, pues “es un tema sensible”, falta saber cuál es estado del país en el que creen que está quienes legislan sus leyes, cuál es la idea de país que proponen y, sobre todo, cuál es el papel que ellos mismos realizan dentro de la normalización de la renuncia de la política por la fuerza.