El Valle de Guadalupe está ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Ensenada. En sus valles y tierras se producen alrededor de 50 mil cajas de vino, 90% de la producción nacional. Pero en este lugar hay una fuerte disputa por el agua pues cerca de 18 productores de vino disponen de más del 50% de este recurso, mientras que las comunidades, los campesinos e indígenas kuimai del lugar, carecen de agua para beber.

Fueron los dominicos quienes iniciaron la producción de vino en este región, años después, en 1905, unas 104 familias rusas perseguidas por el zarismo, compraron tierras en el valle. En 1924 se les sumó un grupo de soldados exiliados de la revolución bolchevique y juntos elaboraron vino artesanal para venderlo en bodegas locales.

Pero la última colonización de estas tierras inició con el “boom” del vino nacional y la idea de convertir al Valle de Guadalupe en una especie de Napa Valley. Actualmente, el surgimiento de decenas de nuevas bodegas en la región, la expansión de casas comerciales ya antes establecidas y la compra de ranchos por funcionarios gubernamentales, han provocado, entre los grandes vitivinicultores y los campesinos e indígenas, una creciente disputa por la tierra, el agua y los apoyos gubernamentales. (Vía: La Jornada)

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“Los propietarios llegaron pidiendo permiso para asentarse y luego, como los sapos, se fueron ensanchando y sacándonos de nuestros territorios (…) Nos quieren hacer como los conquistadores a nuestros antepasados. Pretenden darnos espejitos por nuestras tierras”, explicó el asesor técnico de la unión y representante de San José de la Zorra, Francisco Ojeda.

Muchos de los expulsados son indígenas kumiai que ahora laboran para las productoras de vino como jornaleros y vaqueros. En septiembre de 2012, los kumiai informaron haber sufrido secuestros, robos, golpes y abusos por parte de la autoridad. Sin embargo, los habitantes de esta región destacan el hecho de que el agua escasea como la principal problemática a la que se enfrentan.

De acuerdo con el Comité de Aguas Subterráneas (Cotas) del Acuífero del Valle de Guadalupe AC, existe una sobreconcesión de los pozos, inadecuada aplicación de la normativa e insuficiente infraestructura. Del agua subterránea concesionada actualmente 82.36% se destina a la actividad agrícola, 17% a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y 0.53% se canaliza a otros usos.

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Y es así como,a pesar de que en la ley de aguas nacionales existe una prerrelación que indica que son los asentamientos humanos los primeros en tener derecho al líquido, cerca de 18 vitivinicultores disponen de más del 50% de los recursos hídricos de la región, mientras que las comunidades carecen de agua hasta para beber.

Al respecto, Rafael Romo, presidente de la unión ejidal, señala:

“Aquí la gente se está agitando ya mucho. Cada vez me cuesta más trabajo estarlos calmando. Ayer me agarraron a mí y me comenzaron a reclamar furiosos. Tuve que decirles que yo no soy el del problema, yo soy el comisariado ejidal. No soy de la Cespe (Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada) (…) A los que les hacen caso son puros extranjeros, quienes vienen con una palancas yo no sé de dónde. Hay italianos, franceses, españoles, hay de todo. A ellos les hacen más caso que a uno. Uno es nativo de aquí, y el gobierno les entrega los millones de pesos a ellos. La cosa se está poniendo muy desbalanceada hacia un solo lugar. De un lado está un interés político, del otro el hambre y la necesidad de agua del pueblo”.  (Vía: La Jornada)

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Cada día que pasa, el enojo de la gente crece. Durante una de las visitas de Wenceslao Martínez, diputado panista, empresario y vitivinicultor, un grupo de 20 mujeres con cacerolas le gritaba: “¡Cabrón! Votamos por ti para que nos defiendas, no para que nos partieras la madre. Te largas a la chingada o te agarramos a cabronazos…”.

Graziano Sandoval, campesino de la región, indignado expresó: “Sépanlo, el campesino no vende su dignidad. No estamos en venta”. A pesar del esfuerzo de la gente de estas comunidades, aún no cuentan con el apoyo suficiente de las autoridades que les garantice el derecho al acceso de este vital recurso. (Vía: La Jornada)