De acuerdo con el diario New York Times, existe un análisis de la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a las faltas cometidas durante la indagatoria por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala que podría anular la investigación.

Dicho análisis realizado por la PGR que recopila las irregularidades y faltas de las autoridades durante la investigación del caso de la noche de Iguala en septiembre de 2014, podría echar por tierra los resultados que el gobierno dio a conocer como oficiales. Dicho informe que halló que los investigadores del caso Iguala quebraron la ley, “una conclusión que amenaza las bases legales de un caso que ha agitado a México”.

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De acuerdo con la información, los principales sospechosos fueron arrestados y trasladados ilegalmente, hecho que pone en duda la validez de la evidencia que derivó de esas detenciones. El NYT obtuvo una copia del informe, en el cual se pueden inferir los motivos por los que no se ha autorizado su divulgación: en él se enlista una serie de violaciones, incluido el viaje de Tomás Zerón, el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con uno de los principales sospechosos a la escena del crimen sin la presencia de un abogado, suceso que jamás se registró en el archivo del caso. (Vía: El Financiero)

El reporte de la PGR incluye la narración de cómo seis sospechosos, detenidos en diferentes lugares el mismo día, confesaron con las mismas palabras pertenecer a los Guerreros Unidos y admitieron haber asesinado a los jóvenes y quemar sus restos.

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Los arrestos siguientes, basados en esas declaraciones, habrían sido arbitrarios e ilegales.

“La conducta de los investigadores, en palabras del reporte oficial, violó ‘el derecho a la verdad’ y dañó ‘el derecho a la justicia’ de las víctimas”, señaló el NYT.

Este reporte nos permite ver, por primera vez, evidencia desde el interior de la PGR de que el caso fue llevado de manera incorrecta.

Por otro lado, el inspector general que preparó el reporte, César Alejandro Chávez Flores, renunció cuatro semanas después del encuentro. Además, su sucesor negó conocer la existencia del reporte. (Vía: El Financiero)