La noche del 13 de diciembre, tres sujetos llegaron a una taquería de la colonia Narvarte, pidieron su cena y, al terminar, intentaron robar al locatario y los comensales. Un hombre “maduro” (como lo reportaron los testigos), que comía con su pareja, abrió fuego y asesinó a dos de los asaltantes. La pareja salió “caminando rápido” y, hasta el momento, sólo se tiene la sospecha de que, a quien ya están llamando “justiciero de la Narvarte” sea un escolta privado. (Vía: El Universal)

Lo ocurrido la noche del martes en la Narvarte se suma a una ola de “justicia en propia mano” que, desde 2014 ha ido creciendo de forma exponencial, particularmente en la zona conurbada del Estado de México. De un par de casos, a 15 el año siguiente y 20 lo que va del 2016, incluso han alcanzado peso mediático, como el “vengador de La Marquesa”. (Vía: Aristegui Noticias)

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Más que una nota que explique el fenómeno y ayude a su lector a plantear su propia lectura, hemos decidido que son más las preguntas que nos exige el tema, que las posibles respuestas que podríamos aportar. 

I. Hay una respuesta “sencilla” al fenómeno: la impunidad, la incapacidad y el involucramiento de la policía y los aparatos de justicia del país, dejan a los ciudadanos vulnerables a la delincuencia, a agresiones físicas e, incluso, la muerte. No hay forma de negar esto, cuando los mismos números de las procuradurías estatales confirman que no más del 2 o 3% de los casos reportados llegan a juicio; que más del 90% de los secuestros son ejecutados por miembros de la policía; que quienes denuncian este involucramiento son amenazados, desaparecidos o asesinados. Ésta es una respuesta “sencilla” porque la decisión de tomar la justicia (algo que debería de ser producto de un diálogo en comunidad) por propia mano cancela, justamente, el ejercicio político y comunitario. La violencia rampante en el país no sólo está en los asaltos y en las agresiones, se construye desde el discurso: la forma como hemos construido en el imaginario colectivo el personaje del “delincuente” -que puede ser cualquiera, que se “aprovecha” de la gentileza de la gente, que no tiene preocupación alguna por la vida de la “gente buena”- está tan cargado de violencia “invisible” contra nosotros que justifica el uso de cualquier método no sólo para frenarla, sino para eliminar al “malo”. En este sentido, la clase política hizo suya la frase que resume en sí esta visión dicotómica de la sociedad: “los buenos somos más”: según su lógica interna, los que “hacemos el bien” somos más que esos, que los “malos” que roban y matan por el sólo hecho de hacerlo, que se corrompen y corrompen, pero ¿de verdad es posible separar entre “buenos” y “malos”?, y, si lo estamos haciendo, ¿sólo el “respeto” a la ley nos hace buenos?

II. Los ataques contra los derechos humanos desde la clase política y el “sentido común” conservador han sido una constante desde que se lanzara la “guerra contra el narco”, pues “defienden más a los delincuentes que a las víctimas”. Esta trampa discursiva ve los derechos humanos como un proceso individual: a comprar, a vender, a elegir en dónde vivir y “cómo” vivir; sin embargo, los derechos humanos no son protecciones de individualidades, sino que tienen pleno sentido cuando son pensados desde la comunidad: los derechos humanos nos protegen a todos, porque ha sido entre todos que hemos construido nuestro plan de sociedad. Es en este sentido, y es justo por esto que quienes -supuestamente- son los encargados de velarlos, son puestos en un estándar más alto de cumplimiento: el poder que ejercen sobre la sociedad los obligaría a cuidar los derechos de todos, y, al mismo tiempo, todos tendríamos que velar por los de todos. La delincuencia no es cuestión de “maldad”, como tampoco el orden irrestricto a la ley depende de “bondad”, ¿de verdad no conocemos otros mecanismos para responder a la violencia que la violencia misma?

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III. La línea que separa la “justicia en propia mano” y la “legítima defensa” no sólo es borrosa, sino que, a veces, depende de cosas como el género de quien se defiende. De todos los casos que se han reportado de “justicieros”, sólo uno, reportó Noticias MVS, fue ejecutado por tres mujeres que se defendieron de un allanamiento y posible robo, contrario a los “justicieros” de la Nápoles y La Marquesa, estas mujeres fueron sujetas a un proceso judicial, encarceladas y, posteriormente, absueltas. El caso de Yakiri Rubí Rubio se convirtió en estandarte de este doble rasero entre el vigilante y la mujer asesina: Yakiri mató al hombre que la estaba violando y, con todo y las evidencia del crimen en su contra en su cuerpo y su ropa, pasó 86 días en prisión y fue sujeta a un proceso judicial que, después de dieciocho meses, por fin la absolvió de toda acusación en su contra: ¿la justificación del Ministerio Público para procesarla? “Exceso de legítima defensa”. El de Yakiri no es un caso aislado, como tampoco lo es ese doble rasero. Si, de acuerdo a la lógica de la “defensa de los derechos de las víctimas”, lo más importante es defender la vida y la propiedad de quien es asaltado, ¿por qué sólo los hombres que se defienden son vistos así: como defensores, mientras una mujer que lo hace es, automáticamente, la sospechosa de asesinato.

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IV. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), los diferentes “justicieros” que han aparecido pertenecen o formaron parte de fuerzas de seguridad del Estado : policía, ejército o cuerpos judiciales. Esto no sólo es un problema por la frontera que pueda existir entre la vida “civil” y la de “servicio” de un miembro de esos cuerpos, sino también por la el límite que existen, entonces, entre “legítima defensa” y “ejecución extrajudicial”: mientras la primera es una respuesta extrema frente a la violencia ejercida contra un individuo, la segunda es el Estado (o un individuo que lo representa) ejerciendo una violencia sancionada por éste contra alguien, en el primero se es víctima, en el segundo victimario. Quienes detentan poder sobre la sociedad no lo hacen desde el vacío institucional: ese mismo poder es el acuerdo entre la sociedad y a quienes nombra, ese mismo acuerdo es lo que los  debería obligar a defender la integridad de todos. Según el Manual para el Uso Legítimo de la Fuerza, que la Presidencia de la República enviara a todo cuerpo policiaco y militar después de escándalos como Tlatlaya y Nochixtlán, éstos tienen que ser entrenados para que la fuerza letal sea el último recurso frente a “agresores”, ¿por qué, de ser cierto lo que la PGJEM ha declarado, es que el asesinato es la primera respuesta?, ¿por qué es que algunos de los supuestos asaltantes son encontrados en la orilla de las carreteras con seis disparos al pecho?

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La “justicia por propia mano” forma parte de una discusión que nos debemos como sociedad, porque es urgente replantearnos cómo pensar los acuerdos que conforman nuestra condición social y política. La venganza, por mucho que pueda ser una respuesta “natural” frente a la violencia, no puede ser la forma como pensamos la justicia. Cuando acusamos a la clase política de impunidad y falta absoluta de empatía hacia la sociedad que, a diario, sufre a la delincuencia, ¿no estamos, también, renunciando a la exigencia de dialogar, de encontrar otros caminos?