En su novela La sombra del Caudillo (1929), el escritor mexicano Martín Luis Guzmán dibujó un vivo retrato de la Cámara de Diputados de principios del siglo XX. Tras la declaración de una feroz contienda electoral, se narra un enfrentamiento entre legisladores:
Vítores y mueras sacudían los ámbitos del palacio legislativo con igual ardor y desorden que si se tratara de los tablados de un mitin, y más que en cualquiera otra parte, en la tribuna de la derecha, que fue donde las olas encresparon verdaderamente. Allí Cañizo, blandiendo en alto el bastón, se desahogaba diciendo
-¡Viva Ignacio Aguirre!… ¡Viva Ignacio Aguirre!
-¡¡Viva!!… ¡¡Muera!!… ¡¡Viva!!
A lo cual Canuto, por sobre la marejada de los vivas y los mueras, quiso dar la respuesta que estaba quemándole los labios. Ilustrando sus palabras con la sonrisa brutal en que adquirían valor sinfónico la blancura de sus dientes y la oscuridad de sus facciones deformes, dijo a Cañizo mientras se inclinaba hacia él:
-Ya veremos, don tal, quién vive de veras y quiénes mueren.
(MLG, La sombra del Caudillo, París, ALLCA, 2002, pp. 173-174)
A continuación, los diputados se amenazan de muerte y rumbo a la salida, ocurre un tiroteo. Cae muerto el diputado Cañizo. Muchos lectores de la novela han dicho que la trama está basada en hechos históricos. La sombra del Caudillo une en la ficción la rebelión de Adolfo de la Huerta en 1923 y el asesinato de Francisco Serrano en 1927. De tal manera que la novela, con un pie en la ficción y otro en la historia, otorga un retrato de la política mexicana que, tristemente, sigue siendo actual. La corrupción, el nepotismo, el enriquecimiento ilícito, el mal ejercicio de la función pública, los nexos entre políticos y crimen organizado y varios vicios más continúan siendo prácticas comunes entre nuestros funcionarios públicos.
Cualquiera pensaría, por ejemplo, que con el inicio de la LXIII legislatura comenzaría también una nueva era para la cámara de diputados. Dice el dicho: “renovarse o morir”, pero en México parece que los cambios existen, al menos en política, nada más para preservar las viejas costumbres. Hace unos días se anunció quiénes serían los nuevos diputados representantes y plurinominales. El proceso de su elección fue presuntamente claro y estuvo acompañado por el Instituto Nacional Electoral.
Sin embargo, de los 500 diputados que conforman la cámara, 129 tienen una trayectoria cuestionable. La diversidad de actividades dudosas a las que, presuntamente, se han dedicado es tan variada que uno ya no sabe ni por donde empezar a indignarse.
Quince de ellos han estado involucrados en procesos penales, acusados de fraudes, amenazas, lesiones, contratos ilegales, desvío de fondos, créditos improcedentes, tráfico de influencias, robo de dinero, usurpación de funciones o de profesión, entre muchas otras. ¿Cómo podríamos confiar la creación y el estudio de nuestras leyes en personas que las han violado?
Once más gustan del nepotismo, es decir, de obtener provechos o beneficios para familiares y amigos. Sobresale, por ejemplo, el caso de Felipe Reyes Álvarez (PRD), quien en 2011 tenía a su esposa y 7 familiares más en la nómina de su alcaldía en Loma Bonita, Oaxaca. También llaman la atención los cargos de diputación obtenidos por personas con nexos a líderes de otro tipo de organizaciones, véase por ejemplo el caso de Hercilia Córdova Morán (PRI), hermana del líder nacional de Antorcha Campesina.
En la LXIII Legislatura están colaborando al menos dieciséis personas cuya trayectoria política se reduce a ser hijos de políticos poderosos. Tenemos en el PVEM, por nombrar a alguno, a Javier Octavio Herrera Borunda, luz de los ojos del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera y operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Ocho de los diputados señalados por ser descendencia de ilustre prosapia guardan algún tipo de relación con el Estado de México: José Alfredo Torres Huitrón (PRI-PVEM) es hijo de un exalcalde de Ecatepec, Carolina Monroy del Mazo (PRI-PVEM) es sobrina del exgobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, por mencionar algunos.
De los diputados cuyo ejercicio de la función pública es bastante dudoso, cabe destacar a dos que tres joyas: Cecilia Romero Castillo (PAN) era la dirigente del Instituto Nacional de Migración cuando ocurrió la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas; Esthela Ponce Beltrán fue responsabilizada en un video por un policía municipal de “lo que le pudiera pasar”, al poco tiempo, el hombre fue asesinado; María Raquel Barajas Monjarrás (PAN) promovió el encarcelamiento de más de 25 años contra seis mujeres procesadas por abortar, afortunadamente estas mujeres fueron liberadas por recomendación de la ONU.
Hay ocho diputados acusados de presunto enriquecimiento ilícito: José de Jesús Hurtado Torres (PAN) fue acusado de utilizar una fundación, a nombre de su familia, para desviar recursos estatales destinados al bienestar social público; Julio Saldaña Morán (PRD) se hizo de una considerable fortuna, aseguran sus disidentes, mientras fue regidor de Veracruz.
Si todos los casos mencionados no eran suficientes para causar escozor en el lector, ¿qué tal si pasamos al tema de los diputados acusados de tener nexos con grupos del crimen organizado? Baltazar Hinojosa Ochoa (PRI) es nombrado, en las investigaciones realizadas en EE. UU. en contra de exgobernadores de Tamaulipas, de haber sido apoyado durante su mandato por el cártel del Golfo; Ulises Ramírez Nuñez (PAN) supuestamente es socio de Francisco Héctor García Cárdenas, detenido por la PGR por ser líder financiero de Los Carcachos, red delictiva; Miguel Ángel Yunez Linares (PAN) fue señalado por sus nexos con el cártel de los Zetas, en Veracruz.
Entre los casos menos alarmantes, pero no por eso menos graves, están los de diputados que han estado saltando de un cargo a otro o que tienen nexos con las grandes televisoras del país. Por un lado, tenemos a joyitas como Lía Limón (PVEM), quien en 2012 rompió relación con el PAN, apoyó la candidatura de EPN, fue subsecretaria de Derechos Humanos cuando ocurrieron los hechos de Iguala, cargo al que renunció para devenir diputada federal; o a Hugo Alejo Domínguez (PAN), exdirigente del SNTE y militante del Panal, que apenas en enero pasado se pasó a las filas del PAN. Por otro lado, en la telebancada sólo están señalados diputados del PRI y del PVEM, tenemos a: Paloma Canales Suárez (PVEM), titular de la Unidad de Enlace de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y coordinadora de logística en Televisa Corporación; a Adriana Sarur Torre (PVEM), coordinadora de Análisis Político y Económico de TV Azteca y conductora de Proyecto 40; a Tristán Canales, director de la Oficina de la Presidencia de TV Azteca y vicepresidente de Noticias, asesor de la Ofinina de la Presidencia y director general de Comunicación Corporativa de Grupo Salinas; por último, Lorena Córona Valdés (PVEM) fue directora jurídica de Radiópolis-Televisa Radio.
Estos son nuestros diputados, ¿qué podemos esperar de ellos?