La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado para que los gobiernos de América respeten los derechos humanos de los pobladores originarios. Especialmente se pronunciaron respecto a las actividades empresariales e industriales que se desarrollan sin consultar a los indígenas que habitan los territorios en las que se producen, en un franco atropello a sus derechos más básicos.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la CIDH comentó que el despojo de las tierras de los pueblos indígenas en nombre de desarrollos industriales es uno de los problemas más grandes que enfrentan. De acuerdo a dichas declaraciones, la tierra que les es arrebatada es invaluable, pues no sólo representa un insumo económico, sino también un anclaje cultural.

Rose Marie Antoine, Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, declaró:

“Es imperativo que los pueblos indígenas sean consultados de manera previa, libre e informada sobre cualquier proyecto que pueda afectar sus derechos. Los pueblos indígenas deben participar en la toma de decisiones para el goce efectivo de su derecho a la propiedad comunal y a la identidad cultural. Resulta indispensable que los Estados Miembros de la OEA implementen de manera urgente las medidas necesarias para que todos los proyectos sean implementados con el consentimiento de las comunidades y los pueblos indígenas afectados”

El organismo insta a los países miembros de la OEA a obtener el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas antes de considerar siquiera la licitación para un proyecto industrial en su tierra. Lo cual se traduce en respetar su decisión, incluso si es negativa.

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De la misma manera, advirtieron que han recibido informes de actos violentos en contra de lo pueblos indígenas o de aquellos que asumen roles de liderazgo. Perpetrados principalmente por los gobiernos, pero también por agentes empresariales, dichos actos van desde la destrucción de sus hogares, hasta el secuestro, la tortura, la violencia sexual y el asesinato. Asimismo, denuncian que es frecuente que se responda con exceso de violencia a las manifestaciones que protestan en contra de los susodichos proyectos.

Un ejemplo de abuso en contra de los pueblos indígenas es el caso de los ejidatarios ch’oles de Tila, en Chiapas, México. Por más de cincuenta años, este pueblo ha buscado la restitución de sus más de 130 hectáreas que les fueron arrebatadas por el Ayuntamiento Municipal. Ya han ganado cuatro amparos al respecto, pero el gobierno se niega a restituir sus tierras y en lugar de ello pretende otorgarles indemnizaciones. Ninguno tema parecido a este mereció comentario por parte del presidente Enrique Peña Nieto en su discurso sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

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Todo esto se suma al informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), publicado el año pasado; el cual indica que más del 75% de la población indígena en México padece pobreza, y casi la mitad, pobreza extrema. En nuestro país, un indígena tiene el doble de posibilidades de ser pobre que cualquier otro mexicano.

El despojo de tierras es uno de los más graves problemas históricos que han atacado a los pueblos originarios de América. Arrebatarles sus tierras no sólo representa la pauperización de las comunidades, sino también el menosprecio de sus raíces culturales y su derecho a autodefinirse.