El juez Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, Esteban Salinas Wolberg, hace historia al dictar sentencia por 31 años y tres meses de prisión en contra de un elemento del Ejercito Mexicano. La Procuraduría General de la República (PGR) comprobó que el condenado, un subteniente de infantería del Ejército, es responsable del delito de desaparición forzada contra una persona que sigue en calidad de desaparecida.

El crimen fue cometido en Nuevo León el 20 de mayo de 2012. Este caso ha llamado poderosamente la atención por ser el primer militar sentenciado por un juez civil por el delito de desaparición forzada. El militar sentenciado actualmente se encuentra en la prisión ubicada dentro del Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México. Además de la privación de la libertad, el detenido fue destituido de su cargo y se le inhabilitó para desempeñar otro puesto, comisión o empleo públicos por 15 años y tres meses.


El juez Salinas dijo que basó su sentencia en la grave afectación o peligro a los bienes jurídicos tutelados, la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito.

A su vez destacó que el inculpado realizó perjuicio al propio Ejército Mexicano con sus acciones, institución que desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas, al colaborar con las instituciones civiles, dentro del marco constitucional y legal, para hacer frente a la delincuencia organizada.

Desde que fue desplegado a las calles en 2006 para participar en el combate al narcotráfico, el ejército ha sido señalado por organismos nacionales e internacionales por incurrir en violaciones a derechos humanos, incluidas desapariciones, aunque hasta ahora no se habían registrado acusaciones a los efectivos militares por esa clase de delitos.

Raúl Benítez, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México,  pronunció que nunca había escuchado ningún otro caso de sentencia por desaparición forzada y consideró que podría ser un parte aguas en la justicia de este país después de años de que organizaciones civiles han sostenido que a los miembros de las fuerzas armadas “se les trata con mucha ligereza”.

Esperemos que a más jueces no les tiemble la mano y sigan el ejemplo de juez regio.