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Los últimos días miles de campesinos han marchado en contra de las leyes secundarias de la Reforma Energética, que se están discutiendo en el la Cámara de Diputados. Ya han logrado entablar conversaciones con Mancera y Osorio Chong, pero ¿de qué es lo que se están quejando?

Los campesinos tienen dos objetivos, exigir que se les tome en cuenta en una reforma del campo y pedir que las leyes secundarias de la reforma energética no los afecten.

Después de años de olvido, la fuerzas productoras de nuestra nación se hicieron sentir en estos días con cerca de 50 mil personas protestando en las calles de la ciudad de México. Los campesinos llegaron con una propuesta de decreto para que se constituya un sistema nacional de la reforma del campo mexicano y de la nueva política alimentaria y nutricional.

El líder Congreso Agrario Permanente expresó:

«La ley de hidrocarburos violenta todo el marco jurídico especial que tiene que ver con la tenencia de la tierra de nuestro país. En consecuencia, vamos a iniciar un proceso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación»

Max Correa, lídera de la Central Campesina Cardenista, señaló:

«El objetivo de esta marcha es la defensa de los territorios campesinos, indígenas y el derecho a la alimentación, ya que las reformas estructurales facilitan las condiciones para el despojo de nuestros recursos naturales»

Correa dijo que solicitaron al gobierno federal un programa para la productividad de la economía campesina familiar y uno de créditos para tasas de un dígito con garantías para campesino y ejidatarios.

«Necesitamos una reestructuración del presupuesto para el campo dejando margen de 40 mil millones de pesos para apuntalar la agricultura campesina y familiar. Necesitamos un decreto que obligue al gobierno a realizar compras a la agricultura campesina para equilibrar a los agentes preponderantes que trabajan y hacen un mercado en el medio rural»

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¿Qué es lo que temen de las leyes secundarias nuestros campesinos?

Hasta ahora, se ha cambiado la figura de «expropiación de la tierra» por la de «ocupación temporal» y si los ciudadanos no están de acuerdo con la ocupación, entonces se pasará a utilizar la «servidumbre legal».

A los campesinos les preocupa la figura de ocupación temporal, pues no hay garantía de que ésta figura pueda garantizar la propiedad de la tierra (a pesar de que los legisladores aseguran que sí está asegurada). Además, la ocupación no garantiza la recuperación de la flora y fauna del lugar o la permanencia de los acuíferos en caso de la extracción de gas (recordemos que los legisladores aprobaron el fracking, aquí pueden ver nuestra explicación de esta práctica).

Según Roberto Rico R. Las leyes secundarias dan amplias facultades al Ejecutivo para establecer áreas de explotación y exploración, por encima de las actividades campesinas y los derechos de propiedad de los campesinos y las comunidades indígenas.

 

Según Liliana Estrada (El Financiero), la expropiación fue cambiada por la ocupación temporal para que se escuche mejor la redacción, pero en el fondo la tierra quedará perdida.

«Ahora lo que quieren es que en vez de que sea un arrebato total sea por la duración del proyecto de explotación, pero, ¿a qué agricultor le va a servir un terreno que fue fracturado?, ¿Quién va a querer regresar a ese mismo terruño»

Estos son algunos de los puntos que exigen los campesinos:

  • Aprobación de una ley general de consulta y consentimiento previo libre e informado para los pueblos y comunidades indígenas. En ella se debe establecer un sistema de salvaguardas y protección de los bosques y sus habitantes, que retome los acuerdos internacionales firmados por el Estado mexicano para los pueblos indígenas.
  • Retiro de la discusión de los artículos de la iniciativa presidencial sobre la ley de hidrocarburos en los que se establecen las servidumbres legales de hidrocarburos y las ocupaciones temporales.
  • Que el programa especial concurrente sea multianual, para una planeación estratégica con resultados en el desarrollo indígena y campesino.
  • Un programa de apoyo y subsidio al diésel, el gas y la gasolina para los campesinos.
  • Que las organizaciones sociales campesinas e indígenas organizadas sean consideradas organismos de interés público debido a las aportaciones que hacen campo en el desarrollo y fortalecimiento del país.
  • Que se constituya una empresa de carácter estatal que actúe directamente en el mercado agropecuario y alimentario mediante regulaciones de precios y políticas públicas compensatorias tanto para el productor como para los consumidores, bajando con ello los precios de los productos de la canasta básica. Sin maíz transgénico, sin monopolios, para la plena soberanía alimentaria.
  • Libertad a los presos políticos, cuya única responsabilidad ha sido la defensa de sus territorios y sus comunidades y la oposición a megaproyectos que atentan y devastan los recursos naturales de su territorio, por medio de una ley de amnistía.
  • La creación de un banco de fomento para la agricultura y el desarrollo rural con funciones de primer y segundo piso, una entidad con patrimonio propio y autonomía funcional cuya misión sea financiar la producción de alimentos básicos, promover las cadenas de valor, el desarrollo sustentable y fomentar intermediarios financieros rurales de los productores.

 

 

***Vía Milenio, El Universal, La Jornada