El movimiento social #YoSoy17 ha captado la atención de los medios de comunicación en los últimos días. ¿De qué se trata?, ¿qué exigen?, ¿cuál es su importancia?

Lo más sencillo es comenzar con los hechos

16 médicos de Jalisco del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentran bajo una orden de aprehensión girada por un Tribunal Unitario del Tercer Circuito. Son acusados del homicidio por negligencia de Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez, un joven de 15 años que ingresó al hospital el 15 de noviembre de 2009.

Roberto Edivaldo fue llevado al hospital por una crisis de asma que le provocó un “paro cardiaco respiratorio de larga evolución”, lo que lo tenía al borde de la muerte. Los médicos actuaron rápidamente y lograron que el chico respirara de nuevo aunque advirtieron que, por la gravedad de su condición, las posibilidades de recuperación eran muy pocas. Además de asma, el chico también presentaba problemas severos de obesidad mórbida y diabetes juvenil.

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Tras 7 intervenciones, cuya realización se complicó tanto por las deficiencias del sistema de salud pública como por la obesidad de Roberto Edivaldo, así como por padecer una tuberculosis sumamente difícil de diagnosticar, dado su cuadro, el joven falleció el 9 de enero de 2010.

Su padre, Sergio Valente Gallardo Ramos, presentó la demanda AP 1944/2010 el 16 de marzo de ese mismo año, le negaron el amparo pero él siguió el proceso hasta obtener el año pasado, que consignaran de nuevo la averiguación previa, bajo el número 146/2013.

El padre de Roberto Edivaldo es abogado de profesión y él mismo llevo el caso de su hijo. El 5 de junio de 2014 publicó un video llamado “Por fin se hizo justicia contra médicos del IMSS”, en el que afirma que el caso que buscó y logró en contra de los doctores por homicidio y negligencia médica era un logro y sentaba un precedente para la aplicación de la ley en contra de los médicos en el país.

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¿Qué busca el movimiento?

La comunidad médica reaccionó rápidamente contra la interpretación que el padre del chico expone sobre el caso clínico de Roberto Edivaldo en el video y contra la sentencia dictada a los médicos.

Los que apoyan a los sentenciados hacen hincapié en tres problemas fundamentales: a nivel particular, afirman que el caso del chico era tan complicado y fue llevado al hospital en tan mal estado y de forma tan tardía, que lograr su recuperación resultaba una tarea sumamente difícil como pocas para cualquier profesional de la salud. En segundo lugar, recuerdan que la primera vez que el caso se juzgó, fue declarado improcedente y que  Gallardo Ramos tiene un puesto directivo en el Consejo Estatal contra las Adicciones, dependiente de la Secretaría de Salud Jalisco, lo que hace sospechar que la reapertura del caso y su rápida solución estuvieron sujetos a influencia.

El tercer problema que señalan es de interés para todos los mexicanos: el sistema de salud de nuestro país se encuentra en condiciones preocupantes que hacen muy difícil que los médicos realicen su trabajo como debe ser. Un médico, señalan, debería atender 8 pacientes diariamente, no 40. Un médico debería contar con las herramientas y la infraestructura necesaria para cumplir con su trabajo. Un médico debería contar con todo el apoyo del Estado para ayudar y sanar a los pacientes, y los pacientes deberían contar con el mismo apoyo para ser atendidos en condiciones dignas.

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Aunque en otros ámbitos, como las telecomunicaciones o la energía, los ciudadanos mexicanos somos capaces de señalar la responsabilidad que el Estado tiene en la toma de decisiones y la administración de los recursos, en el caso del sistema de salud pública parece que esa responsabilidad es opacada por el primer y único rostro con el que tal sistema se nos presenta: los médicos. Sin embargo, el Estado tiene tanta responsabilidad en este problema tan grande como la que tiene en aquellos otros ámbitos o acaso más urgente, en tanto que se trata de la vida de los mexicanos. Dos problemas deben ser resueltos: la hiperburocratización del sistema de salud y la falta de recursos, incluyendo personal médico.

El problema con criminalizar a un grupo de médicos que no pudo salvar la vida de un individuo que fue internado en condiciones tan graves, es que puede tener como consecuencia que los médico no quieran intentar salvar la vida de ninguno que llegue en esas condiciones por temor a ser encerrados tras un juicio que no tome en cuenta ni a la ciencia médica ni su condiciones de trabajo. En un país que ha elegido tener un sistema de salud pública para todos los ciudadanos, sistema que se paga a través de impuestos y no de manera particular, resulta la peor de las ideas el desmotivar la atención a los más vulnerables por parte de los profesionales que el Estado mismo contrata. Por supuesto, no se trata de perdonar las desatenciones médicas, sino de no condenar a quien dedicó un gran esfuerzo por salvar la vida de alguien gravemente enfermo sin lograrlo.

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Las leyes actuales criminalizan a los médicos y no suponen ninguna mejora en el sistema de salud. Son bien conocidos los numerosos casos de partos que deben ser realizados a las afueras de clínicas por falta de atención. En la mayoría de los casos, no se trata de fallas de los médicos, sino de falta de espacio y personal para atender a todos y cada uno de los pacientes. No obstante, es común responsabilizar de esta situación a los profesionales de la salud.

Miles de médicos de todo el país salieron a marchar este 22 de junio en las principales de ciudades y capitales de 13 estados del país como parte del movimiento #YoSoy17, en solidaridad con los médicos sentenciados y en exigencia de un sistema de salud digno para todos los mexicanos. Su lema redondea todo lo dicho hasta aquí: “Ni dioses ni criminales”.

El pliego petitorio:

El movimiento surgió de un grupo de médicos y sus colegas, que tienen el siguiente pliego petitorio:

1.- Trato digno y respetuoso para todos los profesionales de la salud en el país por parte de los Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a las diversas Delegaciones de la Procuraduría General de la República.

2.- El sigilo de las averiguaciones previas que se lleven en contra de los profesionales de la salud en las diversas Delegaciones de la Procuraduría General de la República, privilegiando la confidencialidad de los datos personales de los compañeros que, si bien se pudieran encontrar en un procedimiento de investigación, no son criminales. Los profesionales de la salud nos preparamos con el fin de proteger, promover y restaurar la salud, no para dañarla, actuamos en apego a la evidencia científica y a los recursos tecnológicos médicas disponibles.

3.- Con base en el punto anterior exigimos de todos los integrantes de las diversas Delegaciones de la Procuraduría General de la República, no se filtre ningún tipo de información a los medios de comunicación ya sean escritos o electrónicos, cuando se trate de un caso que se lleve en contra de un profesional de la salud.

4.- Ante las violaciones flagrantes a las Garantías Constitucionales como la detención ilegal de un médico en días pasados por parte de diversos Agentes de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República, a pesar de que éste contaba con un Amparo otorgado por la Justicia Federal, no se respetó; por lo que exigimos una minuciosa investigación y en su caso de existir responsabilidad se castigue a quien corresponda.

5.- Se haga un apercibimiento a todos los Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a las diversas Delegaciones de la Procuraduría General de la República para que se abstengan de colaborar personalmente con los denunciantes para que éstos tengan acceso a las órdenes de aprehensión y su ejecución, ya que si bien es cierto los denunciantes tienen el derecho de coadyuvar con el ministerio público esto no los autoriza a que vayan en los operativos de captura, incluso en vehículos oficiales, como pasó en el caso comentado en el punto que antecede.

6.- Se investigue de manera minuciosa la actuación de los peritos médicos adscritos a los Servicios Periciales de la Delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República, que realizaron un dictamen pericial respecto de especialidades médicas de Infectología, Cuidados Intensivos Pediátricos, y Patología, sin tener los conocimientos de especialidad necesarios para tal efecto, ya que no contaban con ninguna de estas especialidades, y en caso de existir responsabilidad se castigue legalmente a quien corresponda.

7.- Exigimos a la Procuraduría General de la República, que cuando requiera de la dictaminarían pericial de un acto médico de especialidad, siempre, y en todos los casos, nombre como peritos a médicos especialistas de la rama médica que el asunto amerite, a fin de contar con una opinión científica, con conocimiento y fundamento, esto en términos del artículo 226 del Código Federal de Procedimientos Penales y en su momento su colaboración para la formación del Instituto Nacional de Dictaminación Pericial, como ente autónomo para la emisión de dictámenes periciales especializados en el ámbito Federal.

 EXPEDIDO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO A LOS 22 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014

POR UN TRATO DIGNO Y JUSTO AL PERSONAL DE SALUD.

COORDINADORES DEL MOVIMIENTO #YO SOY 17

DR. DAVID EUGENIP SÁNCHEZ RAMIREZ

DR. JULIO AGUSTIN BUENO LEDESMA

DR. CARLOS FRANCISCO MORENO VALENCIA

Vía: Proceso, La Jornada
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